El inicio del año lectivo 2026 en las instituciones educativas públicas se encuentra bajo una sombra de incertidumbre. Gabriel Espínola, secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay-Auténtica (OTEP-A), señaló este viernes en una entrevista con RCC Radio que la medida de fuerza anunciada para el 23 de febrero sigue en pie, aunque aclaró que existe un margen de negociación antes de que se convierta en irreversible.
Para el sector docente, la celeridad con la que la Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Caja Fiscal resulta sospechosa y carente de transparencia. «Aprobada, así como está, pareciera ser que algo se oculta», afirmó Espínola, cuestionando los números del déficit presentados por el Ejecutivo.
Según el líder gremial, existen sospechas fundadas —comprobables mediante informes bancarios y presupuestarios— de que los recursos de la Caja fueron malversados o utilizados indebidamente en periodos anteriores.
UNA REFORMA DE «SHOCK» VS. UNA GRADUAL
La principal crítica de los gremios radica en la naturaleza de la propuesta. Mientras los docentes admiten que la Caja Fiscal necesita una reforma, rechazan lo que califican como una «política de shock» que desatiende el desgaste físico y mental del trabajo en aula. Espínola explicó que el proyecto actual impone condiciones que calificó de «despojo».
Retorno jubilatorio: En un escenario de jubilación, un docente que percibe un salario de 10 millones de guaraníes podría terminar recibiendo apenas 5,3 millones, un recorte drástico que desmotiva a los nuevos profesionales.
Aportes elevados: El incremento de la tasa de aporte al Magisterio alcanzaría el 24,5% (sumando Caja Fiscal e IPS), lo que representa una cuarta parte del salario del trabajador.
Prorrateo: El cálculo de la jubilación pasaría de basarse en los últimos meses a un promedio de 120 meses (10 años), diluyendo significativamente el haber jubilatorio.
LA «LÍNEA ROJA» Y EL PAPEL DEL SENADO
El gremio espera que la Cámara de Senadores actúe como un filtro revisor y frene el tratamiento acelerado de una ley cuya vigencia plena recién está prevista para enero de 2027. «No hay una lógica razonable para el apuro», sostuvo el secretario de la OTEP-A, enfatizando que hay tiempo suficiente para un debate nacional transparente.
En cuanto a la edad jubilatoria, Espínola argumentó que no se puede fijar un número sin considerar las precarias condiciones laborales actuales, donde un docente debe lidiar con aulas sobrepobladas de hasta 80 alumnos en zonas urbanas por falta de presupuesto para desdoblamientos.
«Necesitamos una reforma, sí, pero el camino elegido por el Gobierno nos lleva de tropiezo en tropiezo», concluyó, reiterando que la huelga es el último recurso si el Ejecutivo persiste en ignorar la propuesta técnica de los educadores.
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