El Gobierno prepara un nuevo instrumento legal para enfrentar las consecuencias de una eventual crisis bancaria: un régimen especial que permita asumir temporalmente la administración de empresas vinculadas a entidades financieras sometidas a un proceso de resolución dispuesto por el Banco Central del Paraguay (BCP).
La propuesta apunta a evitar que las dificultades de una entidad bancaria terminen provocando el desmantelamiento de las sociedades relacionadas, la dispersión de sus activos, la interrupción de sus actividades económicas y la pérdida de puestos de trabajo.
El asesor jurídico de la Presidencia, Eduardo González, presentó los lineamientos del proyecto, que establece la creación de un Consejo de Supervisión de Sociedades Vinculadas y habilita un régimen de administración temporal de hasta ocho meses.
La iniciativa parte de una brecha en la legislación vigente. La Ley N.º 2334/03 contempla mecanismos para asumir el control de una entidad bancaria, pero no establece un procedimiento específico para administrar las sociedades vinculadas a ella. Esta situación puede dejar expuestas a esas empresas a operaciones que deterioren su patrimonio o comprometan su continuidad.
UN CONSEJO INTERINSTITUCIONAL Y ADMINISTRACIÓN INDEPENDIENTE
El proyecto prevé la conformación de un consejo integrado por representantes de la Presidencia de la República y de los ministerios de Industria y Comercio, Economía y Finanzas, y Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con participación del Banco Central. Sus integrantes ejercerán sus funciones sin recibir remuneración.
La aplicación del régimen será excepcional y estará condicionada a que el BCP haya dispuesto previamente la resolución de una entidad financiera sometida a la Ley N.º 861/96.
No todas las empresas que mantengan relaciones comerciales con el banco quedarán alcanzadas. Se utilizarán los criterios de vinculación y control empleados por el supervisor bancario, excluyendo a aquellas sociedades cuya única relación con la entidad financiera sean operaciones realizadas en condiciones de mercado.
Una vez activado el mecanismo, las empresas comprendidas quedarán bajo la administración de un profesional independiente, encargado de preservar su funcionamiento, sus contratos y sus activos durante el periodo de intervención.
Entre las medidas previstas figura el cese de los directores, gerentes y apoderados generales, quienes deberán entregar al administrador los documentos, libros y bienes de las sociedades.
RESTRICCIONES PARA PROTEGER LOS ACTIVOS
El proyecto establece limitaciones para evitar que, durante el proceso, se produzcan movimientos que comprometan el patrimonio de las empresas.
Desde el primer requerimiento de información se restringirá la posibilidad de disponer de bienes registrables, constituir gravámenes, distribuir dividendos, cancelar créditos a favor de accionistas o transferir fondos fuera de las operaciones habituales del negocio.
También se contempla mantener los contratos laborales, dar prioridad al pago de salarios y aportes previsionales y suspender la exigibilidad de créditos correspondientes a accionistas, directores cesantes y otras sociedades incluidas en el régimen.
En cuanto a la disposición de activos, cualquier operación de venta deberá contar con una tasación independiente y una convocatoria pública. El administrador, además, tendrá la obligación de presentar informes mensuales sobre su gestión.
Otro componente relevante es la posibilidad de solicitar judicialmente que determinados pagos, garantías y transferencias de bienes realizados a personas relacionadas sean declarados inoponibles, cuando se encuadren en los periodos y condiciones establecidos en la futura ley.
EL ESTADO NO ASUMIRÁ LAS DEUDAS
Uno de los puntos expresamente contemplados en la iniciativa es que el régimen no convertirá al Estado en responsable de las obligaciones financieras de las empresas intervenidas.
El proyecto establece que el Tesoro no asumirá sus deudas y que la aplicación del mecanismo no generará gastos adicionales para el Presupuesto General de la Nación.
La propuesta también aclara que este instrumento complementará las competencias del BCP, de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) y de los demás organismos competentes, sin reemplazar sus atribuciones.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo busca establecer un mecanismo para contener los efectos económicos y laborales que puede provocar la resolución de una entidad bancaria, evitando que las empresas vinculadas pierdan su capacidad operativa y valor patrimonial mientras se desarrolla el procedimiento financiero.