En una conferencia de prensa, el gerente general del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Horacio Codas, anunció la entrada en vigencia de una nueva reglamentación sobre descuentos en haberes jubilatorios, como parte de un plan de protección financiera para adultos mayores. La iniciativa surge en el marco de una investigación del Congreso Nacional, que indaga posibles abusos vinculados al uso de pagarés y la autorización de descuentos excesivos por parte de cooperativas y entidades financieras.
Uno de los cambios más relevantes establece que los jubilados que así lo soliciten no podrán ser descontados por más del 50 % de su jubilación en concepto de acuerdos voluntarios o convencionales. Estos son los descuentos que requieren autorización del beneficiario y se aplican generalmente para el pago de préstamos o servicios adquiridos con terceros.
Asimismo, se estipuló que si un jubilado pide la suspensión de un descuento convencional, no podrá reactivarlo por un plazo mínimo de seis meses, con el fin de evitar el endeudamiento recurrente sin una adecuada evaluación financiera. La medida busca dar un respiro económico y fomentar decisiones informadas.
Actualmente, según datos oficiales, el 75 % de los 77.767 jubilados y pensionados activos tienen algún tipo de descuento en sus haberes. De ellos, un 10,6 % se encuentra sobreendeudado, es decir, con más del 50 % de su ingreso comprometido, y un 4,4 % está embargado. Solo en lo que va del año, hasta julio, 6.855 personas solicitaron el cese de descuentos, con un fuerte repunte en los meses de junio y julio, que superaron los 1.200 pedidos mensuales.
Desde la Dirección de Jubilaciones y Pensiones, aclararon que el derecho a pedir el cese de descuentos ya existía, pero que en los últimos meses se disparó el uso de esta opción, reflejando una mayor toma de conciencia por parte de los beneficiarios.
Las autoridades del MEF remarcaron que las nuevas reglas no afectan a los descuentos legales o judiciales, los cuales seguirán aplicándose con normalidad. La intención, recalcaron, es garantizar transparencia y trazabilidad en los procedimientos, asegurando que los jubilados estén bien informados sobre los montos deducidos y los servicios asociados.
«Estas acciones buscan llevar tranquilidad a los jubilados, resguardar su capacidad de pago y evitar prácticas abusivas de terceros», afirmó Codas. La normativa ya está vigente y forma parte de un enfoque integral del gobierno para fortalecer la protección social y financiera de este segmento vulnerable de la población.
Dejá tu comentario