El caso de feminicidio de Katia Monserrath Brítez Torres de 20 años, registrado este domingo en la ciudad de Lambaré, quien fue brutalmente atropellada reiteradas veces por su expareja, Osvaldo Zaracho, quien venía hostigándola pese a tener prisión domiciliaria, fue un hecho que conmocionó a la sociedad paraguaya por la violencia y crueldad con la que se produjo el crimen.
Este caso fue una preocupación que logró colocar como uno de los temas principales a la seguridad para ser analizada dentro de lo fue la primera reunión de Consejo de Ministros, que el presidente Santiago Peña había convocado en el Palacio de Gobierno. Luego de participar del encuentro de ministros, los titulares de los ministerios de la Mujer, del Interior y de Justicia indicaron, durante una conferencia de prensa, sobre las medidas que el Gobierno implementará en el marco de la seguridad.
De acuerdo a lo manifestado por la ministra de la Mujer, Cynthia Figueredo, quien encabezará el tratamiento para la prevención, atención y reparación de la violencia contra la mujer, “Salimos de la reunión con una preocupación, y la preocupación la vamos a ocupar a raíz de los últimos hechos ocurridos ayer, se activa la Mesa Previm.”
Asimismo, mencionó que la Mesa Interinstitucional de Prevención de la Violencia contra la Mujer o Mesa Previm, el cual estará integrada por varios ministerios, se encargará de estudiar y revisar el protocolo contra la violencia a la mujer, “Tenemos que estudiar el protocolo con los técnicos de todos los ministerios que van a intervenir en este caso y, a partir de ahora, la revisión del protocolo contra la violencia a la mujer será de vuelta un tema de estudio” afirmó la ministra de la Mujer.
Seguidamente, el ministro del Interior, Enrique Riera, señaló “por expresas instrucciones del Presidente de la República, en 48 horas vamos hacer otra reunión en el Ministerio del Interior, a los efectos de implementar las tobilleras electrónicas, en esa reunión se pretende presentar el borrador del decreto reglamentario, las tecnologías que disponemos y estaríamos resolviendo esta semana”, recalcó.
“El funcionamiento de la tobillera consiste en controlar el perímetro del agresor para que no se acerque a la víctima y prever con las/los linces fuerza de seguridad para que se pueda tener una respuesta inmediata”, explicó.
Adelantó que se encuentran trabajando en la reglamentación del decreto que permita la la implementación de dispositivos electrónicos de control, como las tobilleras electrónicas, la cual será presentada en esta nueva reunión, además, analizarán el sistema tecnológico disponible actualmente para la implementación definitiva del dispositivo de seguridad.
Cabe mencionar que, la Ley N.º 5.863 que incluye el Sistema de Monitoreo por Dispositivos Electrónicos de Control (Simdec) al sistema penal fue promulgada en el año 2017 y la misma se encuentra en vigencia desde hace cinco años. Sin embargo, ha sido letra muerta hasta la actualidad. Además, en el año 2020 también fue promulgada la Ley Nº 6.568, la cual establece el uso de estos dispositivos electrónicos de control como las tobilleras en casos de personas procesadas por violencia doméstica.
“Increíblemente, la ley tiene cinco años de vigencia, pero por disputas institucionales, injustificadas entre poderes del Estado no se ponían de acuerdo quién iba a ser el que la iba a implementar y las responsabilidades”, mencionó al respecto el ministro Riera.
Asimismo, Riera habló de la posibilidad de implementar un botón de pánico en los celulares de las víctimas de violencia familiar. “También se prevé que las familias y las hijas/os tengan la posibilidad de contar con un botón de pánico, para ello, el 911 debería tener un sector aparte para que las respuestas no se mezclen con otras denuncias que hace la ciudadanía. La violencia y el feminicidio deben de parar”, concluyó Riera.
A su vez, el ministro Barchini, señaló que, junto al Ministerio del Interior, analizarán la cantidad de los dispositivos que van a poner a disposición. Mencionó que probablemente solicitarán una cantidad considerable de estos dispositivos de control, a modo de que con este sistema el Ministerio de Justicia pueda oxigenar las cárceles, colocando a las personas que se encuentren procesadas y aguardando su juicio oral en sus respectivos domicilios.
Además, Barchini indicó que esta medida podrá abaratar el costo de mantener a los privados de libertad dentro de las penitenciarías para el Estado.
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