La diligencia incluyó la revisión e incautación de documentación administrativa y equipos informáticos, como parte de un procedimiento de verificación. Desde la fundación aseguraron que la intervención se desarrolló sin incidentes y que se brindó plena colaboración a las autoridades.
En ese sentido, el presidente de REMAR Paraguay, Pedro Pastora, confirmó la intervención y explicó que fue informado mientras se encontraba fuera de la sede, participando de un retiro para niños. Señaló que la organización permitió el acceso irrestricto a todas las áreas y documentos requeridos. “Que revisen todo lo que consideren necesario. Estamos al día con la contabilidad, la documentación y los registros. No tenemos nada que esconder”, aseguró.
Pastora indicó que la denuncia que dio origen a la investigación estaría vinculada a cuestionamientos sobre el régimen de actividades que realizan las personas en proceso de rehabilitación, particularmente en relación con tareas productivas o de mantenimiento dentro de la fundación.
TRABAJO TERAPÉUTICO Y VOLUNTARIADO, BAJO ANÁLISIS
Desde REMAR explicaron que las actividades observadas forman parte de un programa terapéutico de reinserción y cambio de hábitos, ampliamente utilizado en comunidades de acogida a nivel internacional, y que no se trata de trabajo remunerado ni con fines de lucro.
“La gente que está en proceso de rehabilitación no puede estar ociosa. Aprenden oficios, trabajan en huertas para su propio consumo, fabrican camas y muebles para las casas donde viven. Todo es para la propia obra y para su recuperación personal”, sostuvo Pastora.
Agregó que REMAR funciona como albergue y comunidad de acogida, no como un centro médico de rehabilitación, y que su sostenimiento depende casi exclusivamente del voluntariado y donaciones, sin recibir salarios ni beneficios personales.
ALCANCE SOCIAL DE LA FUNDACIÓN
Actualmente, REMAR alberga a unas 300 personas en distintos centros del país y además desarrolla programas de apoyo en centros penitenciarios, beneficiando a más de 1.100 personas privadas de libertad en establecimientos como Tacumbú, Emboscada y la cárcel de Ciudad del Este.
Según su presidente, la fundación asume íntegramente los costos operativos de estas tareas, incluyendo alimentación, transporte, insumos básicos y mantenimiento, sin recibir aportes económicos regulares del Estado. “Todo está a nombre de la fundación: vehículos, propiedades, cuentas. No hay lucro personal. El único objetivo es ayudar a personas que no tienen dónde ir”, afirmó.
INVESTIGACIÓN EN CURSO
Desde el Ministerio Público no se emitió aún un pronunciamiento oficial sobre los alcances de la investigación ni sobre eventuales imputaciones. El procedimiento se encuentra en etapa preliminar, y la documentación incautada será analizada para determinar si existen o no elementos que configuren algún hecho punible.
Mientras tanto, REMAR señaló que continuará con sus actividades y manifestó su expectativa de que el proceso permita aclarar la naturaleza de su trabajo y su encuadre legal. “La drogadicción y la situación de calle son hoy una de las problemáticas sociales más graves. Si hay aspectos a mejorar, estamos dispuestos a hacerlo, pero cerrar espacios de contención tendría un impacto directo sobre cientos de familias”, concluyó Pastora.