La comitiva fiscal estuvo integrada por el fiscal Silvio Corbeta y la fiscala Silvia González, quienes mantuvieron una reunión con el presidente del IPS, Dr. Isaías Fretes, y otras autoridades de la previsional, con el objetivo de recabar información y coordinar la entrega de documentación vinculada a varios llamados a licitación realizados entre los años 2024 y 2025.
Durante el encuentro, Fretes reafirmó el compromiso de la actual gestión con la transparencia institucional y aseguró que se pondrá a disposición de los investigadores toda la documentación requerida para esclarecer los hechos denunciados.
El titular de la previsional señaló además que, tras asumir el cargo, se realizó un corte administrativo y se dispuso la suspensión de la ejecución de determinados contratos mientras se revisan sus antecedentes. Aclaró que estas medidas no afectan la continuidad de los servicios brindados a los asegurados.
Según indicó, el objetivo es garantizar una gestión abierta, fortalecer la credibilidad de la institución y facilitar el trabajo de los órganos de control.
SE INVESTIGAN SEIS PROCESOS LICITATORIOS
Por su parte, el fiscal Silvio Corbeta explicó que la causa se encuentra en una fase inicial y que aún no existen elementos suficientes para determinar si hubo conductas con relevancia penal.
Precisó que la denuncia original hacía referencia a cinco licitaciones, pero posteriormente fue ampliada con un sexto proceso, todos ellos actualmente bajo análisis. Agregó que la evaluación dependerá de la documentación que sea remitida por el IPS, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y otras instituciones involucradas.
Corbeta destacó igualmente la predisposición de las autoridades de la previsional para colaborar con la investigación y facilitar el acceso a la información requerida.
INVESTIGACIÓN AÚN NO DETERMINA DAÑO PATRIMONIAL
La fiscala Silvia González remarcó que las diligencias se encuentran en una etapa preliminar y que el propósito de la visita fue obtener datos iniciales y coordinar la remisión formal de informes.
Indicó que, hasta el momento, no puede afirmarse la existencia de un perjuicio económico para la institución ni atribuir responsabilidades a personas determinadas, ya que el proceso se centra actualmente en la recopilación y análisis de antecedentes.
Una vez recibida toda la documentación solicitada, el Ministerio Público evaluará si existen elementos suficientes para profundizar las diligencias e impulsar nuevas actuaciones dentro de la investigación.