Según los antecedentes del caso, la Fiscalía realizó un análisis exhaustivo de la Declaración Jurada del Sr. Javier Díaz Verón desde su cargo de Vice Ministro del Ministerio de Justicia y Trabajo en el 2005, hasta el 2018 cuando el mismo se desempeñaba como Fiscal General, arrojando un resultado de saldo negativo, porque el valor de sus bienes superan sus ingresos percibidos.
Con relación a María Selva Morínigo, la misma se hizo socia de la firma denominada Salty River S.A. según los registros oficiales con un aporte de G. 500 millones en efectivo, supuestamente alegó haber percibió dicho dinero de su retiro voluntario del Fondo Ganadero. Esta firma fue constituida en fecha 13 de diciembre de 2012. Según un informe remitido por el Fondo Ganadero a la fiscalía, la indemnización a Morínigo fue un total de G. 203.531.055, cobrando primeramente el 26 de diciembre del 2013 su primer pago de G. 101.638.528 y el 26 de febrero del 2014 cobró el saldo de G. 101.892.527.
Asimismo en cuanto a la sociedad familiar Canto Rodado S.A., según los registros oficiales, Morínigo puso G. 1.500 millones en efectivo, mientras que dos de sus hijos G. 500 millones cada uno, totalizando los G. 2.500 millones. Esto ocurrió dos años después de Díaz Verón se ubicara como Fiscal General.
La representante pública solicitó como medida cautelar la orden de detención preventiva y embargo de bienes de los imputados.
Reasignación Fiscalía Adjunta de Delitos económicos y Anticorrupción
La agente fiscal Alba Rocío Cantero fue reasignada la Unidad Especializada del Área 8 Chaco y en su lugar asumirá la Dra. María Soledad Machuca como nueva fiscal adjunta de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.
