La crisis política y financiera provocada por el caso Ueno Bank sumó un nuevo capítulo: el Ministerio Público ordenó la detención inmediata de Santiago Peña Palacios, luego de su destitución de la Presidencia de la República mediante juicio político.
La medida fue dispuesta en el marco de la causa N.º 92/2026, caratulada “Santiago Peña s/ lesión de confianza y otros”, mediante una orden remitida directamente a la Comandancia de la Policía Nacional para su cumplimiento y captura del exmandatario.
La disposición fue firmada por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Elena Fiore, Christian Benítez y Silvia González Véster, junto con la agente de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos y Lavado de Activos, Ruth Karina Benítez.
La investigación busca esclarecer las presuntas responsabilidades penales de Peña y su entorno en el escándalo financiero que involucra a Ueno Bank, así como las decisiones que pudieron haber agravado la exposición de fondos públicos y privados.
VÚNCULOS ECONÓMICOS CON EL GRUPO UENO
Uno de los puntos centrales de la investigación son los antecedentes patrimoniales y comerciales del exmandatario. En 2023, Peña declaró poseer acciones de Ueno Holding por valor de G. 6.144 millones, que posteriormente fueron vendidas en abril de 2025.
También declaró un certificado de depósito de ahorro (CDA) de G. 2.400 millones en Ueno y un bono de Itti. A esto se suma la participación de su hermano como socio de U Holding SARL, sociedad mediante la cual, según los denunciantes, el grupo tendría participación en el control de Ueno.
Estos antecedentes forman parte de los elementos que deberán ser examinados para determinar si existieron conflictos de intereses, beneficios indebidos o conductas penalmente relevantes. La existencia de vínculos económicos, por sí sola, no constituye prueba de un delito.
BCP VAJO CUESTIONAMIENTO Y FONDOS PÚBLICOS COMPROMETIDOS
La denuncia presentada por un grupo de legisladores el jueves 5 de noviembre, como ampliación de otra presentada el 22 de octubre de 2025, incorporó tres hechos nuevos relacionados con los intereses económicos del presidente destituido y su entorno con el grupo Ueno.
Uno de los cuestionamientos apunta al Banco Central del Paraguay (BCP), particularmente a su presidente, Carlos Carvallo. Según los denunciantes, las autoridades del organismo conocían desde abril de 2026 los problemas que atravesaba Ueno y, pese a ello, no habrían activado oportunamente las herramientas legales disponibles para prevenir la crisis que estalló esta semana.
Otro eje de la denuncia se refiere a los depósitos de entidades públicas en Ueno Bank. Entre las instituciones mencionadas figuran el Instituto de Previsión Social (IPS), Itaipú Binacional, la Entidad Binacional Yacyretá y el Ministerio de Economía, además de otros organismos estatales.
Los legisladores solicitaron investigar cada una de las decisiones que permitieron colocar recursos públicos en la entidad financiera, a fin de determinar si el Estado fue perjudicado o si existieron actuaciones coordinadas o posibles connivencias entre responsables.
Los denunciantes sostienen que, con la intervención del BCP y el inicio del proceso de resolución de Ueno Bank, el riesgo financiero se convirtió en un perjuicio concreto. Advierten que los depósitos públicos que superan la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos, establecida en G. 228,3 millones por depositante, quedan sujetos al resultado del balance de exclusión.
La orden de detención abre ahora una nueva etapa judicial en el caso, que ya provocó la destitución del jefe de Estado y puso bajo la lupa tanto los controles del sistema financiero como la administración de recursos de instituciones públicas.
La investigación deberá establecer las responsabilidades individuales y determinar si las decisiones cuestionadas constituyen hechos punibles. La orden de detención no equivale a una declaración de culpabilidad.