Fiscales allanan el IPS e incautan documentación sobre certificados de depósitos en Ueno Bank

El Ministerio Público allanó la Dirección de Inversiones del IPS e incautó documentación sobre certificados de depósitos de ahorro y bonos colocados en Ueno Bank. El fiscal Cristhian Benítez mencionó inicialmente una cifra cercana a USD 500 millones, aún pendiente de verificación. Por su parte, el director jurídico de la previsional, Enrique Galeano, precisó que la exposición total asciende a USD 516 millones y defendió que las operaciones se realizaron mediante procedimientos reglamentarios, con informes técnicos y asesoramiento financiero.

La investigación sobre las inversiones del Instituto de Previsión Social (IPS) en Ueno Bank avanzó con un allanamiento en la Dirección de Inversiones de la previsional. La comitiva fiscal retiró copias de documentos relacionados con los procesos de contratación, las reglamentaciones aplicadas y los instrumentos financieros utilizados para colocar los recursos institucionales.

El procedimiento busca reconstruir cómo se tomaron las decisiones de inversión, qué controles se aplicaron y quiénes participaron en las operaciones. La Fiscalía confirmó que la investigación se encuentra en una etapa inicial y que todavía no existen imputaciones contra funcionarios del IPS.

El fiscal Cristhian Benítez explicó que el Ministerio Público está cotejando la documentación para determinar si las colocaciones se ajustaron a las disposiciones normativas. Aclaró que, por la reserva de la investigación, no puede identificar las administraciones involucradas ni adelantar conclusiones sobre eventuales responsabilidades.

FISCALÍA BUSCA RECONSTRUIR TODA LA RUTA DEL DINERO

Benítez señaló que las colocaciones financieras involucran a varias dependencias y direcciones del IPS. Por ese motivo, se conformó un equipo de fiscales que también realizó diligencias en otras sedes de la institución, con el propósito de reunir antecedentes y establecer una línea de tiempo de las operaciones.

La documentación requerida comprende los procesos de contratación, las reglamentaciones que habilitaron las inversiones y los antecedentes que respaldaron las decisiones. El fiscal confirmó que también se examinan los documentos relativos a certificados de depósitos de ahorro (CDA) y bonos.

Asimismo, informó que ya se tomaron declaraciones a personas que tendrían conocimiento directo de los procedimientos. Consultado sobre la eventual participación de anteriores presidentes del IPS, miembros del Consejo de Administración y funcionarios responsables de las inversiones, respondió que no se descarta a ninguna persona.

«La investigación es amplia», remarcó, aunque insistió en que todavía no hay imputaciones y que cualquier determinación dependerá del análisis de las evidencias.

El fiscal indicó que la causa tiene como base la denuncia presentada por legisladores de ambas cámaras del Congreso. La denuncia formulada por el propio IPS también está siendo evaluada y podrá aportar elementos adicionales al expediente.

IPS CONFIRMA EXPOSICIÓN DE USD 516 MILLONES

Por su parte, el director jurídico del IPS, abogado Enrique Galeano, confirmó que la institución tiene una exposición financiera total de USD 516 millones, aproximadamente, en Ueno Bank.

El funcionario explicó que el monto comprende distintos instrumentos financieros, entre ellos certificados de depósitos de ahorro y bonos, aunque no precisó cuánto corresponde a cada modalidad. Aseguró que la previsional cuenta con la documentación respaldatoria de las operaciones y que los títulos valores originales permanecen resguardados en la bóveda institucional.

Galeano sostuvo que las colocaciones fueron resultado de concursos y licitaciones y que se realizaron conforme a los reglamentos de inversiones del IPS. «Están los informes técnicos y todo se manejó técnicamente, de acuerdo a los asesores financieros y a un comité técnico de inversiones que le proponía y le propone al Consejo en dónde colocar el dinero», manifestó.

Al ser consultado sobre si las autoridades de entonces podían descartar responsabilidades penales, respondió que esa determinación corresponde al Ministerio Público y a la Justicia. No obstante, defendió que los procedimientos institucionales se ajustaron a las normas internas.

LA CONFIANZA EN LOS INFORMES DEL SISTEMA FINANCIERO

Uno de los aspectos más relevantes de las declaraciones de Galeano fue su referencia a la información utilizada por el IPS para evaluar las inversiones.

Explicó que el comité técnico analizaba las calificaciones de riesgo y los informes emitidos por el Banco Central del Paraguay (BCP), además de información de calificadoras externas. Según afirmó, la previsional no tenía información de que Ueno Bank se encaminaba hacia una situación de insolvencia.

«Como todos los demás ahorristas y depositantes, confiábamos en el sistema financiero y en los informes emitidos por el Banco Central del Paraguay», señaló.

Ante la consulta sobre si una información incorrecta o una calificación de riesgo inadecuada pudo haber influido en las decisiones de inversión, Galeano reconoció que ese escenario pudo haber ocurrido. También mencionó que el IPS aplica un criterio de diversificación y mantiene depósitos e inversiones en distintas entidades del sistema financiero.

El director jurídico aseguró que la institución está colaborando con la Fiscalía y que entregará copias autenticadas de toda la documentación solicitada. Los títulos originales, aclaró, permanecen en la bóveda del IPS.

IPS RECLAMA SUS ACREENCIAS Y ESPERA RECUPERAR LOS FONDOS

Además de colaborar con la investigación penal, Galeano informó que el IPS participa en el proceso de resolución de Ueno Bank llevado adelante por los interventores del Banco Central, con el objetivo de obtener el reconocimiento de sus acreencias.

«Estamos participando y pidiendo el reconocimiento de nuestras acreencias en el proceso de resolución que se lleva a cabo por los interventores del BCP», indicó. Agregó que confían en poder recuperar el dinero de la previsional.

El monto confirmado por el IPS, USD 516 millones, dimensiona la importancia de establecer con precisión cómo se distribuyeron esos recursos entre CDA y bonos, cuáles fueron las condiciones de las operaciones y qué posibilidades concretas existen de recuperación.

La investigación fiscal deberá determinar si las colocaciones cumplieron con las exigencias legales y reglamentarias, si la información disponible fue suficiente para respaldar las decisiones y si existieron responsabilidades administrativas o penales.

Por ahora, hay dos posiciones claramente expuestas: el IPS sostiene que actuó mediante procedimientos técnicos y reglamentarios, mientras que la Fiscalía busca verificar documentalmente cada etapa de las operaciones. La respuesta dependerá del análisis de los documentos y de las responsabilidades que puedan establecerse.

 

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