«Yo confío en que no les darán el refugio y ellos van a tener todos los elementos en los cuales la justicia paraguaya sustenta su pedido de que no se le otorgue el refugio político», dijo este lunes la fiscal general en conversación con medios de prensa.
Señaló que estas personas tienen cuentas pendientes con la justicia paraguaya hace 18 años y que el delito que se les atribuye no es un crimen que pueda considerarse político. «El secuestro no es considerado un delito político, es un hecho criminal», afirmó.
La fiscala señaló que agentes fiscales de asuntos internacionales y el fiscal antisecuestro que lleva la causa, Federico Delfino, ya se encuentran en Uruguay donde, junto con el ministro del Interior y el procurador general de la República dialogarán, este miércoles, con las autoridades uruguayas para avanzar en el proceso de extradición.
Señaló que el proceso para la extradición «tiene su tiempo» y recordó que, por ejemplo, en el caso Pablo Medina había llevado «bastante tiempo» para que los responsables comparezcan ante la justicia paraguaya.
«Es dificil establecer un plazo porque ellos pueden plantear varios incidentes, inclusive en esta audiencia. Ahora se hará la audiencia donde el juzgado decidirá la petición que hacen ellos», dijo Quiñonez quien reiteró su confianza en que la justicia uruguaya se darán cuenta que estas personas no son perseguidos políticos.
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