El proyecto, que será tratado este miércoles en la sesión ordinaria de la Cámara Alta con dictamen favorable, busca dotar al Ejecutivo de herramientas ágiles para gestionar una crisis que afecta a 20.096 personas privadas de libertad (PPL) en todo el país.
El ministro Nicora explicó que la iniciativa no es solo una declaración formal, sino un plan operativo que se asienta en dos ejes estratégicos:
Eje de Seguridad: Permitirá el acompañamiento operativo continuo de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares en las inmediaciones y controles de los 19 centros penitenciarios del país.
Eje de Recursos Humanos: Se enfoca en el fortalecimiento institucional y la capacitación del personal para mejorar la gestión interna y la custodia.
REALIDAD DEL SISTEMA Y ENFOQUE EN REINSERCIÓN
De la población actual de internos, el ministro detalló que 6.700 cuentan con condena efectiva. Es sobre este grupo donde el Ministerio de Justicia concentra sus mayores esfuerzos de reinserción social, buscando que el paso por el sistema penal se traduzca en una oportunidad de retorno productivo a la sociedad.
«Esta aprobación nos permitirá actuar de manera coordinada y eficaz, garantizando la seguridad nacional sin descuidar el respeto fundamental a los derechos humanos», destacó Nicora durante su intervención.
La normativa brindará el respaldo jurídico necesario tanto para las instituciones involucradas como para los funcionarios que operan en la primera línea de un sistema que hoy se encuentra en una situación crítica.