El decreto marca el inicio de una reforma «largamente postergada», según reza el documento oficial, con el objetivo de responder al reclamo ciudadano por un servicio digno, seguro y eficiente.
- Una Nueva Estructura: Rectoría y Coordinación
El Decreto 5969/26 consolida al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) como el órgano rector. La principal novedad organizativa es la creación de la Mesa Técnica de Articulación del Transporte Terrestre, un espacio donde el MOPC coordinará acciones con la DINATRAN y los concesionarios del servicio ferroviario.
Además, se formaliza el funcionamiento del Comité Estratégico de Movilidad Sostenible, asegurando que el transporte no sea solo una cuestión de logística, sino de cuidado ambiental y planificación urbana a largo plazo.
- Modernización Ambiental y Tecnológica
La reforma introduce un giro verde obligatorio. El reglamento dispone que toda nueva política de movilidad deberá priorizar la incorporación de buses eléctricos o tecnologías de bajas emisiones.
Meta: Reducción de gases de efecto invernadero y mejora de la calidad del aire.
Pago Electrónico: Se garantiza la interoperabilidad total de los medios de pago, permitiendo que los usuarios utilicen un sistema unificado de cobro electrónico sin fricciones entre diferentes prestadores.
- El Usuario como Eje: Unidades Funcionales y Áreas Metropolitanas
El Gobierno ha redefinido el modelo de gestión mediante la creación de «Unidades Funcionales». Esto permitirá dividir el territorio en núcleos específicos para el otorgamiento de concesiones, facilitando una cobertura más capilar y eficiente.
A su vez, se reglamenta el Consejo Asesor del Transporte Público, una instancia que busca dar voz y participación a los sectores involucrados, asegurando que las decisiones no se tomen a espaldas de la realidad social.
- Transparencia en la Adjudicación y el Fideicomiso
Para terminar con la precariedad de los permisos temporales, el decreto establece procedimientos claros de concesión:
Licitaciones y Diálogo Competitivo: Se introducen figuras de precalificación y sociedades de objeto específico para asegurar que las empresas tengan solvencia técnica y financiera.
Fideicomiso de Administración: Se crea un mecanismo financiero para custodiar y administrar los recursos destinados al pago de los prestadores. Esto busca garantizar que el dinero del sistema se utilice exclusivamente para mantener la operatividad y la calidad del servicio.
- Fiscalización y Derechos Laborales
El reglamento no olvida el factor humano. Incluye un apartado específico para la protección de los derechos de los trabajadores del sector y un sistema de sanciones riguroso para las empresas que incumplan los itinerarios o las normas de seguridad.
«El objetivo es reducir los tiempos de espera, dotar de certeza al servicio y disminuir la carga económica en las familias paraguayas», subraya el texto oficial.
Con este paso, el Gobierno Nacional busca cerrar una etapa de deficiencias estructurales para dar paso a un sistema de transporte que sea, finalmente, un derecho garantizado y no un problema diario para el ciudadano.