La normativa vigente no es una sugerencia, sino una obligación. El Decreto 5791/2021 establece que el precio del flete debe ajustarse a un costo mínimo referencial que garantice la operatividad de las unidades. Este cálculo incluye mantenimiento, cubiertas, chofer y, por supuesto, combustible. Sin embargo, el director de DINATRAN denunció que este piso legal es sistemáticamente perforado.
«Existe un costo mínimo para mover una unidad de carga; eso está calculado técnicamente. El problema real es que algunas agroexportadoras e intermediadoras pagan por debajo de ese costo, obligando al camionero a trabajar a pérdida», explicó González. La situación llega al absurdo: por trayectos de 300 kilómetros, a algunos transportistas apenas les quedan 400.000 guaraníes de margen, una cifra que no alcanza para cubrir un solo imprevisto en ruta, como el reventón de una llanta.
LA «ESCLAVITUD FINANCIERA» DE LAS INTERMEDIARIAS
Uno de los puntos más críticos de la denuncia fue la descripción de cómo operan las empresas intermediarias. González las calificó como entes que «se lucran desde el trabajo ajeno» sin poseer infraestructura propia.
El titular de la DINATRAN comparó el sistema con una trampa de endeudamiento:
«Los transportistas están atados y endeudados con estas empresas. Es como una tarjeta de crédito: entran en deudas con las intermediadoras para poder operar y luego ya no pueden salir del sistema. Se ven obligados a aceptar fletes miserables solo para intentar cubrir sus deudas, en un cuello de botella que se estrecha cada vez más».
Este esquema permite que las ganancias se queden «detrás de la cortina», mientras que el Gobierno, la DINATRAN y el sector camionero deben dar la cara ante la opinión pública por los conflictos sociales derivados.
OFENSIVA INSTITUCIONAL: EL LISTADO ENVIADO A LA DNIT
Lejos de quedarse en la queja mediática, la DINATRAN ha pasado a la acción administrativa. González confirmó que ha mantenido una reunión clave con el Director de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Oscar Orué, a quien le entregó un informe detallado y «frondoso» con los nombres de las empresas que operan fuera de los márgenes legales.
El sistema de Cartas de Flete, digitalizado por la DINATRAN, permite rastrear en tiempo real cuánto se paga por cada carga de granos oleaginosos. «Queda registrado en el sistema quiénes pagan por debajo de lo establecido. No podemos ser cómplices con el silencio», afirmó González, dejando la pelota en el campo de la DNIT para investigar posibles delitos de evasión impositiva o competencia desleal.
EL DESAFÍO LOGÍSTICO: PESAJE Y MANTENIMIENTO DE RUTAS
Finalmente, la entrevista abordó la arista del pesaje en ruta, un factor que impacta directamente en la vida útil del asfalto nacional. González aclaró que, aunque la DINATRAN supervisa la documentación y la carga, el control físico del peso y las dimensiones en básculas es responsabilidad exclusiva del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la Patrulla Caminera.
La sospecha de que algunas empresas «se quedan con el vuelto» mediante declaraciones juradas de pesaje inexactas sigue latente, sumando otra capa de complejidad a un sector que pide a gritos transparencia para no terminar por colapsar la logística de exportación del país.
¿QUÉ SE LOGRA CON ESTA EXTENSIÓN?
Contextualización legal: Se explica mejor la importancia del Decreto 5791.
Análisis socioeconómico: Se profundiza en la metáfora de la «tarjeta de crédito» y el impacto en el bolsillo del camionero.
Claridad institucional: Se detalla el proceso entre DINATRAN y DNIT, dándole un cierre más formal y de gestión pública.