El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, se reunió este martes con el gobernador del Guairá, César Sosa (tiene fijada una audiencia hoy miércoles con el presidente Santiago Peña en Mburuvicha Róga), quien acudió en representación del Consejo de Gobernadores, para analizar los proyectos de presupuesto de las gobernaciones correspondientes al ejercicio fiscal 2026. El encuentro tuvo lugar en la sede ministerial, en Villa Serrati.
Según informó el propio gobernador, durante la reunión se revisaron los programas financiados por el Gobierno Nacional y ejecutados por las gobernaciones, con especial atención al plan social Hambre Cero, que actualmente se implementa en 15 departamentos. “Estamos satisfechos por el avance del programa y seguimos intercambiando ideas para optimizar su gestión”, aseguró Sosa.
Sin embargo, detrás del tono cordial de las conversaciones, se mantiene una pregunta que el Estado parece evitar: ¿cuántas de esas gobernaciones realmente rinden cuentas sobre el uso de los fondos públicos que reciben? Y más aún, ¿qué mecanismos existen para sancionar a quienes no lo hacen? El MEF tampoco publica regularmente información sobre el particular.
El Ministerio de Economía y Finanzas desembolsa cada año miles de millones de guaraníes (de los contribuyentes) a las gobernaciones y municipios, pero sin imponer efectivamente condiciones claras sobre la transparencia, la rendición de cuentas o la evaluación de resultados. Supuestamente existe una obligación legal, pero la falta de exigencias explícitas y sanciones por parte de la cartera de Estado, abre un amplio margen para el manejo discrecional de los recursos y para la opacidad en su ejecución.
Mientras tanto, este jueves 9 de octubre las gobernaciones defenderán sus presupuestos ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso Nacional. Lo harán, como cada año, solicitando más recursos. Lo que sigue sin quedar claro es cuántas han rendido efectivamente cuentas de lo que ya recibieron y en qué lo invirtieron.
En un país donde los recursos públicos escasean y la demanda social crece, la ausencia de controles rigurosos sobre el gasto departamental y municipal sigue siendo una de las grietas más preocupantes del sistema fiscal paraguayo.
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