Al respecto, la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, señaló que es un “punto de inflexión” en la gestión pública, al consolidar una transformación profunda del transporte como servicio imprescindible, al mismo nivel que la salud o la seguridad, con cobertura garantizada los 365 días del año y las 24 horas.
Subrayó que la ley refleja la visión del gobierno del presidente Santiago Peña de no limitarse a administrar lo existente, sino transformar el sistema en favor de la ciudadanía, colocando por primera vez al usuario en el centro de cada artículo.
El nuevo marco legal se apoya en pilares claves: una gobernanza clara, con rectoría firme del Estado; la renovación integral de la flota; un nuevo modelo de negocio que mejora la calidad del servicio; y reglas precisas sobre frecuencia, cobertura y condiciones de prestación.
Entre los cambios más relevantes, según el MOPC, se redefine la estructura del sistema metropolitano, reduciendo la atomización de más de 35 operadores a un esquema de unidades funcionales, lo que permitirá pagos diferenciados al prestador y mayor eficiencia operativa.
Añadió que los nuevos buses dejarán de ser propiedad de los operadores para pasar a formar parte del sistema, eliminando prácticas extorsivas que históricamente derivaban en paros y huelgas, con el usuario como principal perjudicado.
Dijo que la ley también impulsa la incorporación de tecnología, la integración tarifaria y la modernización del servicio, con el objetivo de que el pasajero no solo viaje mejor, sino que gaste menos en traslados, dejando más dinero en su bolsillo.
EXITOSA EXPERIENCIA DEL BUS NOCTURNO “BUHO”
Centurión señaló igualmente que esta transformación ya comenzó a materializarse con experiencias como el “Bus nocturno Búho”, utilizado por más de 128.000 pasajeros el año pasado, especialmente trabajadores nocturnos, quienes destacan la seguridad, previsibilidad y ahorro que ofrece el nuevo servicio, acompañado por la Policía Nacional.
Agregó que a ello se suma la puesta en circulación de buses eléctricos, que en sus primeros días transportaron a más de 1.200 pasajeros y fueron bien recibidos por la ciudadanía, incluso por la presencia de mujeres conductoras, un avance en inclusión laboral.
Afirmó que la reforma se complementa con una inversión superior a USD 735 millones en infraestructura vial en el departamento Central, destinada a crear carriles exclusivos y corredores estratégicos que aseguren tiempos de viaje predecibles y competitivos frente al transporte privado.
Resaltó que la ley fue ampliamente debatida y socializada con gremios, usuarios y transportistas, incorporando buenas prácticas regionales adaptadas a la realidad nacional. El cronograma de implementación prevé que hacia finales de 2026 entren en operación las primeras 200 unidades del nuevo sistema.
Para el Gobierno, se trata de una ley que recupera la centralidad del ciudadano, dignifica el traslado diario y sienta las bases de un transporte público moderno, eficiente y verdaderamente al servicio de la gente.
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