La ministra del MOPC, Ing. Claudia Centurión, defendió la postura del Gobierno este lunes ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado. Según la titular de la cartera, las modificaciones incorporadas al texto aprobado en Diputados no alteran los lineamientos esenciales de la propuesta, por lo que el proceso legislativo está listo para su definición final.
Mientras sectores del gremio de choferes han expresado públicamente su oposición y han anunciado una posible paralización del servicio en rechazo a la ley —alegando que afectaría la estabilidad laboral o los modelos operativos actuales—, la ministra Centurión no hizo referencia a estas preocupaciones o amenazas durante su exposición. En cambio, reafirmó que el objetivo central es el beneficio del usuario.
«Con esta modernización del transporte, lo que pretendemos es un sistema de transporte más moderno, más seguro, de calidad y de dignidad para los ciudadanos de Asunción y Gran Asunción… es una transformación que es amplia y convoca a todos los sectores,» manifestó la ministra, enfocando el debate en la calidad del servicio y dejando a un lado las inquietudes gremiales.
EJES DE LA MODERNIZACIÓN Y SU VOTACIÓN CLAVE
El proyecto de ley busca transformar el servicio en Asunción y Gran Asunción mediante un esquema de “gestión innovadora”. Contempla la renovación de flota con la incorporación de buses nuevos y tecnologías innovadoras.
Modelo de Gestión: Creación de corredores estratégicos donde la operación y la provisión de flota estarán a cargo de empresas distintas, facilitando la inversión privada y la renovación.
Foco en el Usuario: La ministra subrayó que el esquema busca ordenar el sistema, darles mayor solidez a las inversiones y poner a los usuarios en el centro de las prioridades.
De aprobarse mañana la versión de Diputados en el Senado, el proyecto pasará a manos del Ejecutivo para su promulgación, iniciando un periodo de transición en 2026. Durante esta etapa, los servicios actuales seguirán activos mientras se desarrollan licitaciones, se reorganizan itinerarios y comienza la renovación gradual de la flota, todo ello bajo la sombra de la tensión generada por la amenaza de paro de los transportistas.
EL NÚLEO DEL CONFLICTO
El núcleo del conflicto reside en el rechazo de los sindicatos a tres artículos del proyecto, al considerar que vulneran el derecho a huelga, ponen en riesgo la estabilidad laboral y siembran incertidumbre sobre la identidad de su futuro empleador, en caso de que una empresa se cierre.
Artículo 20 (Servicio imprescindible y huelga): Este punto, por ejemplo, ratifica al transporte metropolitano como servicio público imprescindible, habilitando sanciones en caso de interrupción. La versión final de Diputados suavizó la exigencia original del Senado, que pedía un funcionamiento mínimo del 70% en horas pico; ahora se exige un 60% de servicio mínimo durante cualquier horario de huelga. Los choferes lo ven como una limitación a su derecho constitucional a protestar.
Artículo 39 (Estabilidad laboral): El texto de Diputados obliga a los nuevos concesionarios a incorporar a la totalidad de los trabajadores del operador saliente. No obstante, los sindicatos objetan que solo se garantice la antigüedad y continuidad laboral a aquellos con al menos dos años de servicio, lo que, a su juicio, deja desprotegido a un sector importante de la plantilla.
Artículo 45 (Definición de Operación): Este define los componentes de operación del sistema (flota, infraestructura y servicios complementarios). Los sindicatos temen que la redacción fragmente las responsabilidades operativas, generando dudas sobre quién será su empleador directo y minando la claridad de las relaciones laborales.
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