En Encarnación, unas 450 personas recibieron un aporte de G. 1.000.000 y un kit de alimentos no perecederos. La asistencia se destina a trabajadores con licencia de pesca comercial emitida por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), y continuará en otras comunidades ribereñas del río Paraná hasta alcanzar a 1.271 pescadores registrados.
La medida coincide con la veda vigente desde el 2 de noviembre de 2026 hasta el 21 de diciembre en aguas nacionales y compartidas con Argentina, dispuesta por el MADES. Durante este periodo rige la prohibición de la pesca comercial y deportiva, el uso de artes y artículos de pesca, así como el transporte y la comercialización de pescado, con énfasis en la protección de especies como el dorado, el surubí, el manguruyú y el pacú.
Sin embargo, el anuncio oficial se limita al desembolso asistencial y deja un vacío clave: no detalla cómo se fiscalizará en el río, en los puertos informales o en los circuitos de venta que el subsidio cumpla su fin ambiental y no se convierta en un paliativo sin vigilancia, mientras persiste el riesgo de presión sobre los recursos ícticos durante la temporada reproductiva.
