Varios educadores expresaron que se sienten obligados a asumir tareas que deberían estar a cargo de psicólogos o especialistas, como el acompañamiento individualizado de alumnos. «El trabajo que tendría que hacer un psicólogo educacional nos están queriendo cargar a nosotros», fue uno de los argumentos recurrentes.
La convocatoria, liderada por la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay – Sindicato Nacional (OTEP–SN), denuncia lo que consideran una imposición burocrática sin recursos ni respaldo profesional. En el comunicado difundido rechazan no solo la resolución 376, sino también otros programas del MEC como Ñe’ẽry, DELI y SUMAR, alegando falta de financiamiento, condiciones dignas y tiempos adecuados para su implementación.
Postura desde la neuroeducación
En conversación con RCC, Rocío Florentín, especialista en neuroeducación y neurociencia, brindó una visión crítica pero reflexiva del reclamo docente. «Me cuestiono bastante cuando los propios docentes piden la derogación de una resolución que garantiza el derecho a la educación para todos los estudiantes», expresó. Según Florentín, la resolución 376 debería ser vista como una herramienta de lucha, no como una carga, ya que establece no solo obligaciones sino también derechos para el docente y la comunidad educativa.
A su criterio, existe una falta de comprensión del alcance real de la normativa. «La inclusión es visibilizar lo que siempre estuvo: la diversidad. Un padre no elige tener un hijo con discapacidad, pero un docente sí elige ser docente. Ese es el desafío de la escuela hoy», puntualizó.
Florentín también subrayó que existen gremios que, lejos de rechazar la resolución, están solicitando capacitación para su adecuada implementación, lo cual considera una postura propositiva. «Las luchas deben enfocarse en la contratación de profesionales especializados y en el fortalecimiento institucional, no en la derogación de un derecho legítimo de los estudiantes», concluyó.
Un debate abierto
El conflicto entre la carga laboral y el derecho a una educación inclusiva sigue generando posiciones encontradas. Mientras una parte del magisterio exige soluciones concretas frente al aumento de tareas administrativas y de apoyo sin recursos adicionales, otros sectores consideran que el foco debe estar en exigir condiciones dignas para cumplir con la inclusión, no en retroceder en derechos ya establecidos.
Lo cierto es que la marcha convocada para el 30 de mayo podría marcar un punto de inflexión en esta discusión, obligando a las autoridades y a la sociedad a repensar cómo garantizar una educación inclusiva, sin sobrecargar a los docentes ni desatender las necesidades de los estudiantes más vulnerables.
Dejá tu comentario