La Federación confirmó que el sector se mantiene “en pie de guerra” ante la intención del Gobierno de establecer una edad mínima de jubilación de 57 años para los educadores, un requisito que actualmente no existe. Hoy, los maestros solo deben cumplir con 25 años de aportes, lo que les permite jubilarse incluso antes de los 50 años.
La amenaza se da tras la presentación oficial del proyecto de reforma de la Caja Fiscal ante la Comisión Permanente del Congreso Nacional, donde el Ejecutivo plantea cambios estructurales para reducir el creciente déficit del sistema previsional estatal.
Según el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, el rojo de la Caja Fiscal ronda actualmente los USD 380 millones, impulsado principalmente por los regímenes más deficitarios del sector público, entre ellos los de docentes, magistrados, policías y militares, que no cuentan con una edad mínima de retiro o la tienen muy baja.
El Gobierno advierte que, de no aplicarse correctivos como la fijación de edades mínimas, el déficit podría escalar hasta USD 683 millones en 2028, lo que representaría el 1,2 % del Producto Interno Bruto del Paraguay.
Sin embargo, para el gremio docente el diagnóstico es otro. Cuestiona la desigualdad en los aportes jubilatorios y comparó el esquema estatal con el Instituto de Previsión Social (IPS), donde la patronal aporta el 16,5% del salario del trabajador y este el 9,5%, mientras que en el sistema docente los educadores aportan el 16% y el Estado no realiza ningún aporte.
Critica además que, con la reforma, el Gobierno pretenda aportar apenas un 3%, y sostiene que el Estado debería contribuir al menos con un 14%, señalando que el 95% de la crisis es responsabilidad estatal.
De acuerdo con los datos oficiales, la caja de jubilaciones de docentes es una de las más deficitarias del sistema fiscal, con una brecha negativa de casi el 50% entre ingresos y egresos: recauda poco más de G. 1,2 billones al año, pero desembolsa cerca de G. 2,4 billones en pagos de jubilaciones.
Para la federación, la solución no pasa por endurecer las condiciones de retiro ni por aumentar impuestos, sino por una reorganización profunda del gasto público, combatiendo la corrupción y eliminando lo que consideran privilegios injustificados, como las jubilaciones VIP de parlamentarios, que perciben elevados montos con beneficios especiales.