El tratamiento se inició cerca de las 10:30, luego de que el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre (ANR), declarara un cuarto intermedio en la sesión extraordinaria previa, dedicada a debatir posibles cambios en la jubilación de parlamentarios. Superado ese punto, el pleno se abocó al análisis del proyecto previsional, uno de los más controvertidos del actual periodo legislativo.
La aprobación se dio tras un cierre anticipado del debate, con una sola votación en general, lo que generó fuertes cuestionamientos de sectores opositores. Previamente, el diputado Roberto González (ANR) había solicitado el aplazamiento del tratamiento, argumentando la necesidad de un análisis más profundo de varios aspectos técnicos del proyecto. La moción fue rechazada por la mayoría oficialista.
Este rechazo derivó en la retirada del recinto de la bancada liberal, encabezada por el diputado Enrique Salyn Buzarquis (PLRA), en señal de protesta por lo que consideraron un trámite apresurado y sin consenso.
Con la aprobación en general, el oficialismo avanzó rápidamente al estudio en particular, introduciendo modificaciones puntuales antes de otorgar la media sanción al texto dictaminado por la Comisión de Presupuesto.
ARGUMENTOS DEL EJECUTIVO: FRENAR EL DÉFICIT PREVISIONAL
Desde el Poder Ejecutivo se sostiene que la reforma es necesaria para contener el creciente déficit de la Caja Fiscal, que, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas, alcanzó los USD 400 millones en 2025.
El proyecto plantea, entre otras medidas, el aumento de los aportes de los afiliados y la fijación de edades mínimas de jubilación en los regímenes considerados deficitarios, especialmente los correspondientes a docentes y fuerzas de seguridad.
Durante el debate, diputados del sector cartista defendieron la reforma como una herramienta indispensable para garantizar la sostenibilidad del sistema previsional.
El diputado Hugo Meza (ANR) afirmó que la ley busca “cuidar la jubilación” de los trabajadores públicos y aclaró que no tendrá efecto retroactivo, por lo que los actuales jubilados y quienes accedan al beneficio este año no se verán afectados. En ese marco, instó a los funcionarios activos a asumir un rol “solidario” para asegurar que las futuras generaciones puedan seguir percibiendo sus haberes.
Posturas similares expresaron los diputados Jatar Fernández y Rodrigo Gamarra (ANR). Este último sostuvo que la reforma “no es contra nadie”, sino un intento de alcanzar un equilibrio que permita sostener el derecho jubilatorio. No obstante, lanzó duras críticas —sin mencionar nombres— contra sectores a los que calificó de “populistas” y “desinformados”, en aparente alusión a la propuesta opositora de eliminar la Caja Parlamentaria.
OPOSICIÓN CUESTIONA EL ENFOQUE Y PIDE AJUSTE AL ESTADO
Desde la oposición, varios legisladores advirtieron que la reforma traslada el peso del ajuste a los trabajadores sin corregir previamente las falencias estructurales del Estado.
El diputado Carlos Pereira (PLRA) afirmó que el Ejecutivo utilizó una estrategia política al presentar inicialmente un proyecto más duro para luego introducir una versión “intermedia”, con el objetivo de mostrarse como “salvador” ante los gremios. A su criterio, antes de modificar jubilaciones, el Gobierno debería reducir el gasto público, eliminar cargos innecesarios y combatir el “despilfarro estatal”.
En la misma línea, el diputado Miguel Martínez (PLRA) llamó a aplicar una “motosierra” al gasto del Estado, en referencia a políticas de austeridad, antes de afectar los derechos previsionales del funcionariado.
RECLAMOS POR MAYOR APORTE ESTATAL Y AUDITORÍA
Desde Cruzada Nacional, la diputada Alexandra Zena sostuvo que el Estado debe incrementar su contribución a la Caja Fiscal por encima del esquema propuesto, que prevé un aumento gradual del aporte estatal hasta el 5%. A su juicio, la reforma apenas otorgaría previsibilidad por un periodo limitado, de entre cinco y ocho años.
Por su parte, la diputada Leidy Galeano denunció que el Estado ha aportado “mal y tarde” al sistema previsional y exigió una auditoría integral. “Una reforma sin auditoría es una estafa moral; sin diálogo, es imposición; y cuando castiga al que menos tiene, es injusticia institucionalizada”, afirmó.
CRÍTICAS AL APURO LEGISLATIVO Y RETIRO DEL RECINTO
La diputada Dalia Estigarribia (PLRA) cuestionó el apuro en la aprobación y pidió escuchar a los sectores afectados, como docentes, policías y militares. En tanto, Johana Ortega (País Solidario) sostuvo que el trámite acelerado envía un mensaje de indiferencia a la ciudadanía y calificó la reforma como un “parche” destinado a dar oxígeno político al Gobierno.
Ortega también criticó que no se avance en la eliminación de la jubilación parlamentaria, calificando de “inmoral” exigir sacrificios a los trabajadores sin que el Congreso dé señales de austeridad. Tras su intervención, se retiró de la sesión.
El diputado Diosnel Aguilera (PLRA) advirtió que el rechazo al aplazamiento del proyecto implica “dar la espalda” a los reclamos ciudadanos y acusó al oficialismo de intentar responsabilizar a los funcionarios públicos por el déficit fiscal.
PRÓXIMO PASO: EL SENADO
Concluida la votación, el proyecto fue remitido al Senado, donde se anticipa un nuevo y complejo debate. Mientras tanto, la Cámara de Diputados retomó el tratamiento de la Caja Parlamentaria, un punto sensible que sigue generando divisiones internas y cuestionamientos sociales.
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