Según el análisis, la Ley Nº 375/56 obliga al Estado a aportar anualmente el 1,5% sobre la masa salarial imponible declarada por los empleadores. Sin embargo, este compromiso legal nunca fue cumplido de manera efectiva desde la promulgación de la normativa en 1956, generando una deuda histórica que, de acuerdo con estimaciones basadas en datos del propio IPS, alcanzaría aproximadamente USD 668 millones en 2025.

El informe señala además que, de mantenerse la situación actual, durante 2026 se sumarían otros USD 98,6 millones a la deuda acumulada. Ante este escenario, la propuesta plantea que el Estado honre finalmente la obligación establecida por ley y convierta esta deuda histórica en uno de los principales instrumentos para garantizar la sostenibilidad futura de la previsional.
Uno de los componentes centrales del plan consiste en que, a partir de 2027, el Estado comience a transferir regularmente el aporte del 1,5% exigido por la Ley Nº 375/56. Estos recursos serían invertidos inmediatamente por el IPS con un rendimiento estimado del 7,7% anual, permitiendo que crezcan junto con la economía y el aumento de la formalización laboral.
De acuerdo con las proyecciones del Centro de Estudios Económicos de la UIP, si estos aportes comienzan a realizarse desde 2027 y se mantienen invertidos hasta 2046, el IPS podría acumular más de USD 10.300 millones.
La segunda medida propone reconocer formalmente la deuda histórica mediante la emisión de un Bono Perpetuo. Bajo este mecanismo, el Estado no desembolsaría de una sola vez los USD 668 millones adeudados, algo considerado financieramente inviable, sino que se comprometería a pagar anualmente un interés del 5% sobre ese monto.
A su vez, el IPS invertiría esos recursos en el mercado financiero con una rentabilidad promedio estimada del 7,7% anual. Según las proyecciones, este mecanismo permitiría acumular más de USD 2.000 millones para el año 2046, fecha en la que diversos estudios advierten sobre el posible agotamiento de las reservas actuales del sistema previsional.
El plan incorpora además un fuerte blindaje institucional. Los recursos provenientes de los intereses del bono, los aportes del 1,5% y las ganancias generadas por las inversiones formarían parte de un Fondo Perpetuo que no podría utilizarse para financiar jubilaciones actuales ni gastos administrativos antes de 2046.
El objetivo es permitir que el capital se acumule y genere rendimientos durante dos décadas, creando una reserva estratégica para enfrentar las obligaciones previsionales futuras.
Según los cálculos presentados, la combinación de ambos mecanismos permitiría al IPS disponer de más de USD 12.300 millones para el año 2046, una cifra que representaría aproximadamente cinco veces más recursos que los acumulados por la institución durante los últimos 70 años.
Para los impulsores de la propuesta, el reconocimiento de la deuda histórica del Estado y el cumplimiento efectivo de los aportes establecidos por ley constituyen elementos fundamentales para fortalecer la sostenibilidad financiera del IPS y garantizar la protección de las futuras generaciones de jubilados.