El presidente Santiago Peña destacó los logros del Ministerio de Justicia como un cumplimiento histórico, al señalar que, por primera vez desde la Constitución de 1992, nuestro país logra separar a las personas condenadas de aquellas que aún están en proceso judicial. Asimismo, resaltó la reubicación de mujeres privadas de libertad y el cierre definitivo del penal del Buen Pastor, tras más de un siglo de funcionamiento. “Es una determinación y una muestra clara de nuestro compromiso con todos los paraguayos”, expresó el mandatario.
A su turno, el ministro Nicora explicó en su informe que los operativos “Umbral 1.0” y “Umbral 2.0” marcaron un antes y un después en la política penitenciaria nacional. El primero permitió el cierre definitivo de la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, con el traslado y reubicación de 783 personas condenadas al penal de Minga Guazú, reduciendo la población total de 1.850 a 1.010 internos.
Por otro lado, dijo que el Operativo “Umbral 2.0” significó el traslado de 667 mujeres privadas de libertad al nuevo Complejo para Mujeres Privadas de Libertad (COMPLE), dejando atrás el histórico penal del Buen Pastor. Además, se habilitó el centro penitenciario Serafina Dávalos en Coronel Oviedo, especializado en atención a mujeres gestantes, con hijos y con problemas de salud.
Afirmó que con estas acciones, el sistema penitenciario logró clasificar y separar a 2.452 personas privadas de libertad, mejorando la gestión interna y las condiciones de alojamiento.
REHABILITACIÓN, FORMACIÓN Y DERECHOS HUMANOS
El ministro también informó sobre la capacitación de 311 nuevos agentes penitenciarios, con un nuevo llamado para 300 más antes de fin de año. Entre los hitos más destacados, figura la habilitación de la UTRA, el primer centro de deshabituación y rehabilitación para adolescentes en conflicto con la ley penal, construido en el marco del Plan SUMAR, con fondos provenientes de bienes incautados al crimen organizado.
Nicora subrayó además la visita del pleno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Ministerio, como señal del compromiso del Estado paraguayo con los estándares internacionales en derechos humanos.
En el ámbito civil, comentó que el programa “Paraguay se Casa” permitió formalizar gratuitamente el matrimonio de más de 1.300 parejas, mientras que la inscripción electrónica en oficios judiciales optimizó la transparencia y eficiencia administrativa.
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