Un nuevo capítulo se suma a las denuncias que rodean al Grupo Vázquez, vinculado al escándalo financiero de Ueno Bank. Esta vez, el foco está puesto en la Municipalidad de Asunción y en la presunta utilización irregular de terrenos de dominio privado municipal que habrían terminado en manos de personas vinculadas al grupo empresarial.
El concejal municipal Mauricio Maluf denunció que 71 lotes municipales fueron adquiridos por el Grupo Vázquez mediante distintos intermediarios, en una misma zona de la capital, donde numerosas familias llevaban décadas viviendo y habían construido sus viviendas bajo contratos de arrendamiento con la Municipalidad.
Según explicó, varios de esos terrenos estaban ocupados legalmente por familias que, conforme a la Ordenanza Municipal 33/1995, tenían preferencia para adquirirlos. Sin embargo, sostiene que ese derecho habría sido desplazado mediante operaciones que favorecieron a personas que actuaban en representación de intereses empresariales.
La denuncia plantea interrogantes sobre el manejo del patrimonio municipal, la actuación de funcionarios y los mecanismos utilizados para transferir inmuebles públicos a particulares.
FAMILIAS CON DÉCADAS DE OCUPACIÓN HABRÍAN SIDO DESPLAZADAS
Uno de los aspectos más graves expuestos por Maluf es el supuesto desplazamiento de familias que llevaban entre 20 y 40 años ocupando los terrenos, construyendo sus viviendas y desarrollando allí su vida familiar.
El concejal explicó que la normativa municipal establece un orden de preferencia para la venta de terrenos de dominio privado de la Municipalidad.
En primer lugar, tienen prioridad quienes ya ocupan pacíficamente el inmueble y mantienen una relación legal con la institución. En segundo lugar, las personas que acreditan una situación de necesidad social y carecen de otra propiedad.
Recién después de considerar esas prioridades podría contemplarse la adjudicación a otros interesados.
Maluf cuestionó que, pese a estas disposiciones, empresas privadas o personas que actuarían en su representación hayan conseguido acceder a numerosos terrenos en una zona donde ya existían familias con derechos y trámites iniciados.
Además, denunció que los vecinos habrían sido sometidos a presiones, engaños y amenazas para abandonar los inmuebles y facilitar las operaciones.
UN EXPEDIENTE DE 24 AÑOS HABRÍA QUEDADO RELEGADO
Como ejemplo de las presuntas irregularidades, el concejal relató el caso de una familia que llevaba 24 años viviendo en uno de los terrenos municipales. Sus integrantes habían construido su casa, criado allí a sus hijos e iniciado los trámites correspondientes para adquirir legalmente el inmueble.
Sin embargo, según Maluf, el expediente de esa familia permaneció paralizado durante años en la Municipalidad.
La situación habría cambiado cuando, en octubre del año pasado, apareció otra persona que manifestó ser ocupante del mismo terreno y solicitó su adquisición.
El edil sostuvo que esa nueva gestión obtuvo un dictamen jurídico municipal en apenas diez días y que, en menos de un mes, el solicitante ya había pagado por el inmueble. Posteriormente, consiguió una resolución de la Junta Municipal que le otorgaba el terreno.
La diferencia en los tiempos de tramitación constituye uno de los principales elementos que Maluf considera sospechosos: mientras el expediente de la familia que realmente habitaba el lugar no avanzaba, el de un nuevo solicitante habría recibido una tramitación extraordinariamente rápida.
El concejal identificó al solicitante como Rodolfo Jiménez, a quien calificó de presunto prestanombre del Grupo Vázquez. También mencionó a Gustavo Rojas, un exmilitar que habría actuado como gestor y representante del interesado, y al que atribuyó las presuntas intimidaciones contra los vecinos.
Estas afirmaciones corresponden a la denuncia del concejal y deberán ser contrastadas mediante la investigación documental y judicial correspondiente.
DENUNCIAN INGRESO VIOLENTO A UNA VIVIENDA
El relato de Maluf incluye un episodio particularmente grave. Según denunció, en julio de este año, mientras la familia se encontraba ausente durante una noche, varias personas ingresaron a la vivienda, rompieron una muralla y violentaron la puerta para entrar y retirar por la fuerza a sus ocupantes.
La familia terminó perdiendo el inmueble que había ocupado durante 24 años y en el que había construido su hogar.
Para el concejal, este episodio refleja la gravedad del presunto esquema y el nivel de presión al que habrían sido sometidos los antiguos ocupantes para liberar terrenos que posteriormente interesaban al grupo empresarial.
FUNCIONARIOS MUNICIPALES BAJO CUESTIONAMIENTO
Maluf también mencionó a funcionarios que habrían intervenido en los procedimientos administrativos.
Identificó al abogado Jorge Sabaté, asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción, designado durante la administración del exintendente Luis Bello, como responsable de elaborar y firmar uno de los dictámenes jurídicos que posibilitaron el avance de las adjudicaciones cuestionadas.
Asimismo, señaló que existirían otros funcionarios de la Dirección de Catastro involucrados, aunque evitó proporcionar sus identidades porque, según indicó, forman parte de una investigación.
El concejal cuestionó especialmente que se haya emitido un dictamen favorable a un nuevo solicitante sin que previamente se realizara la verificación social correspondiente para comprobar quién ocupaba realmente el inmueble.
De acuerdo con su explicación, esa constatación debía ser realizada por funcionarios de la Dirección de Área Social, pero el procedimiento habría avanzado directamente sobre la base de la declaración del nuevo interesado.
LA ORDENANZA 33/1995, EN EL CENTRO DE LA CONTROVERSIA
La denuncia pone especial énfasis en el cumplimiento de la Ordenanza Municipal 33/1995, que regula la adquisición de terrenos de dominio privado de la Municipalidad de Asunción.
Según la interpretación expuesta por Maluf, esta normativa establece prioridades que buscan proteger a las personas que ya ocupan legalmente los inmuebles y a aquellas que atraviesan situaciones de necesidad social.
Por eso, el concejal considera que la Municipalidad debe explicar cómo fue posible que 71 terrenos ubicados en una misma zona terminaran siendo adquiridos mediante intermediarios vinculados al mismo grupo empresarial, mientras familias que tenían trámites iniciados y ocupaban los inmuebles desde hacía décadas no lograban concretar sus solicitudes.
La cuestión central no es solamente quién terminó adquiriendo los terrenos, sino cómo se tramitaron las adjudicaciones, quiénes intervinieron, qué documentación se presentó y por qué se habría desplazado a los ocupantes que tenían prioridad.
EL PATRIMONIO MUNICIPAL Y LOS DERECHOS DE LAS FAMILIAS
La denuncia de Maluf abre un frente de investigación que trasciende el escándalo financiero de Ueno Bank. Ahora también se encuentran bajo cuestionamiento las operaciones inmobiliarias realizadas con terrenos municipales y la eventual utilización de estructuras de intermediación para concentrar propiedades en beneficio de intereses privados.
Si se confirman las irregularidades denunciadas, no se trataría solamente de un problema administrativo, sino de un posible esquema de utilización del patrimonio municipal en perjuicio de familias que construyeron sus hogares durante décadas.
La Municipalidad de Asunción deberá explicar qué controles realizó, cómo se justificaron las adjudicaciones y si se respetaron las prioridades establecidas por la normativa.
También será necesario determinar las responsabilidades individuales de quienes participaron en los procedimientos y esclarecer si existieron amenazas, falsedades documentales o actuaciones coordinadas para desplazar a los antiguos ocupantes.
Los 71 terrenos denunciados merecen una investigación exhaustiva. Los bienes municipales no pueden convertirse en oportunidades de negocios privados a costa de familias que durante décadas confiaron en la legalidad de sus contratos y trámites ante la propia Municipalidad.
