Según las cifras expuestas por el legislador liberal a RCC Radio este miércoles, la intervención de un tramo de apenas 6,5 a 7 kilómetros tendrá un costo total de USD 40 millones, lo que representa un gasto de aproximadamente USD 6 millones por cada kilómetro reparado.
Para dimensionar el presunto sobrecosto, Gómez contrastó estas cifras con los valores estándar del mercado y con proyectos de infraestructura de mayor envergadura a nivel nacional:
Mercado regional: La construcción de un kilómetro de asfalto desde cero en Paraguay y Sudamérica promedia entre USD 700.000 y USD 1.000.000.
Ruta 1: La reparación completa actual de esta vía tiene un costo promedio de USD 1.100.000 por kilómetro.
Ruta 2: La duplicación a cuatro carriles, que incluyó obras accesorias de gran magnitud como viaductos y vallas, requirió una inversión de USD 3.200.000 por kilómetro.
«La diferencia es muy grande. Aunque entiendo que en Avelino Martínez se están haciendo trabajos de canalización subterránea, el costo llama muchísimo la atención al tratarse de una reparación y no de una obra desde cero», cuestionó de todas maneras el legislador, señalando directamente a la titular del MOPC por la falta de transparencia en la fijación de estos precios.
La crítica del parlamentario también apuntó a la gestión general de la cartera estatal, denunciando el abandono de tramos departamentales que son responsabilidad exclusiva del MOPC y no de los municipios.
Mencionó casos críticos de desatención histórica, como las conexiones Ypané-Capiatá y la avenida interurbana del trayecto Luque-Limpio, la cual requiere una reparación total de apenas tres kilómetros con un costo estimado de USD 3 a 4 millones, pero que lleva más de una década sin mantenimiento.
Ante este escenario, Gómez adelantó que la Cámara de Diputados activará los mecanismos de pedido de informes y buscará convocar a la ministra del MOPC para que justifique técnica y financieramente el presupuesto de la avenida Avelino Martínez.
Advirtió que existe un descontento generalizado con la gestión de la ministra, incluso dentro de la bancada oficialista, y no descartó elevar una denuncia formal ante la Contraloría General de la República o el Ministerio Público si las explicaciones resultan insatisfactorias.