En entrevista con RCC Radio este lunes, el titular de la Defensoría advirtió sobre la falta generalizada de controles viales y de conciencia ciudadana, señalando que la capital y diversas ciudades del interior atraviesan una situación de descontrol. Frente a esto, el organismo solicitó informes a la Policía Nacional, la Patrulla Caminera y las municipalidades para mapear la situación y estructurar un plan de acción nacional.
Para abordar la problemática, la Defensoría del Pueblo busca establecer una mesa de trabajo conjunta con actores clave como la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPASI), la Comandancia de la Policía Nacional, la Fiscalía General del Estado, intendencias y el Congreso Nacional.
Las líneas de acción abarcan:
Endurecimiento de penas: El organismo se encuentra elaborando un borrador de proyecto de ley junto con legisladores para elevar las sanciones legales y evitar que los casos con alcohol al volante se resuelvan únicamente con arreglos económicos o multas simples.
Retorno de los controles estrictos y cruzados: Solicitan la vuelta inmediata de los alcotest en rutas y avenidas. Asimismo, plantean un esquema de control cruzado entre varias instituciones para fiscalizar a los propios inspectores y prevenir focos de corrupción o chantaje.
Campañas de concienciación masivas: Formación y prevención integral enfocada en escuelas, universidades y medios de comunicación para fomentar la responsabilidad al conducir.
«Estamos solicitando un informe a la Patrulla Caminera, a la Policía Nacional, a las municipalidades… esto tiene que ser a nivel paraguayo, porque esto es una pandemia. Hay falta de control y falta de conciencia. No podés ser tan inconsciente de tomar el volante en esas condiciones. Tienen que volver los controles para bajar estos niveles de accidentes», enfatizó Rafael Ávila Macchi.
LLAMADO A LA RESPONSABILIDAD CIUDADANA
Ávila Macchi cuestionó que se gasten sumas importantes en eventos nocturnos sin prever alternativas seguras de transporte para el retorno a casa. Remarcó que los siniestros no solo cobran vidas, sino que derivan en privaciones de libertad y en la destrucción de dos núcleos familiares: el de la víctima y el del propio responsable.