Contó con la presencia de representantes del Ministerio de Hacienda; Ministerio de Industria y Comercio (MIC); Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC); Viceministerio de Transporte; DINATRAN; Unión de Gremios de la Producción; Federación de Camioneros del Paraguay; CONCOPAR (Confederación de Cooperativas Rurales del Paraguay); y CAPPRO (Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales).
Ya durante el debate, Blas Cristaldo, gerente general de FECOPROD (Federación de Cooperativas de Producción), dijo que con el mecanismo implementado, todo está subsanado (reciente acuerdo), por lo que no ven la necesidad de otra ley.
“La mayor cantidad de situaciones problemáticas tenían que ver con el cumplimiento de ciertos roles ya asignados a algunas instituciones, dentro de lo que es la estructura de relaciones en la sociedad”, sostuvo.
Dijo que les preocupa una eventual ley que atente contra el libre mercado, al mencionar que la oferta y demanda tienen que ser los fijadores de precios.
El representante aseguró que cuando hay buenas negociaciones entre las partes, se puede llegar a buenos resultados, al mencionar que ya existe un decreto, lo cual hace que otra ley sea algo que no tiene sentido.
Hugo Pastore, director ejecutivo de CAPECO, coincidió en que no es necesaria una nueva ley que regule y fije precios en transacciones que se hacen entre sectores privados.
Liz de Prante, representante legal de los transportistas, desde un análisis jurídico, a su turno, resaltó que toda norma tiene la naturaleza de ser reguladora de conductas sociales.
Del objeto de la ley, señaló que es regular la actuación entre dos o tres sectores de la producción, que tienen un alto porcentaje e incidencia en la economía nacional, por el volumen y por el dinamismo.
“Estamos por un dictamen que regule las cuestiones básicas que hacen al servicio de transporte de fletes de granos, en un tipo específico de vehículos. El decreto funcionaría si tuviéramos un país presidencialista, pero tenemos un país parlamentarista y es en este auditorio donde tenemos que resolver. Si recurrimos a una ley, no es porque solamente queremos que sean privilegiados los transportistas de carga de semirremolque, con una carga ya sea de 27 mil o de 30 mil toneladas, según el tipo de ejes, sino por el hecho del tipo de producto que nosotros cargamos, sean granos o sus derivados, lo que constituye un alto volumen en cantidad de productos que maneja el mercado nacional”, exteriorizó.
Intercambio interesante de opiniones
El diputado Reimer, al evaluar alcances de la reunión virtual – presencial llevada a cabo, primeramente, agradeció la participación de los diferentes representantes y sostuvo que se trató de un intercambio interesante.
“Se dejaron sentadas posturas sólidas, considerando la complejidad del tema”, afirmó.
“Los transportistas están en el medio, entre el productor – exportador y el consumidor. Tienen un rol muy importante en la economía y muchas familias dependen de este trabajo; por lo tanto, es importante que todos puedan sobrevivir. Hoy tuvimos un diálogo bastante enriquecedor”, expresó el congresista.
Seguidamente, añadió que existen amenazas respecto que si el contrato no se cumple, “se va a tratar el proyecto de ley”.
“Hoy escuchamos que si todos se esfuerzan para cumplir el contrato y se llega a un acuerdo, no sería necesaria la ley, porque una ley tampoco puede abarcar y solucionar todo”, concluyó.