Una tensa jornada de protesta se vivió frente a la sede del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Comerciantes del Mercado Central de Abasto, liderados por Karen Leguizamón, exigieron respuestas ante lo que consideran una «gestión de humo» por parte del ministro de la cartera.
Leguizamón fue enfática al aclarar que el gremio no se movilizó para exigir permisos de importación (Afidis), sino para solicitar un informe real sobre la existencia de producción nacional. «El ministro dice a la prensa que queremos importar, pero es mentira. Lo que le pedimos es que nos reciba y nos diga quién tiene los 200.000 kilos diarios que consume el país», reclamó.
Según la representante, el informe que les remitió el MAG menciona apenas a 10 productores con 1.000 kilos cada uno, cifra que no cubre ni el 5% de la demanda diaria nacional. «Por 10.000 kilos de producción pretenden atajar el consumo de todo un país, generando hambre y pobreza», sentenció.
EL CONTRABANDO COMO «PLAN DE CONTINGENCIA»
Uno de los puntos más graves de la denuncia fue la supuesta liberación de las fronteras. Leguizamón afirmó que, ante la incapacidad de abastecimiento local, el mercado sobrevive gracias al ingreso ilegal de productos de Argentina y Brasil.
«Hace 15 días que el contrabando pasa a la luz del día, las 24 horas. El mismo director de comercialización me dijo textualmente: ‘ndaiporí’ (no hay) tomate, busquen en el contrabando'», reveló la titular de ASICOP. Además, acusó al ministerio de utilizar informes falsos para convencer al Presidente de la República de que el proyecto de «tomate de verano» es un éxito, cuando en realidad el mercado está desabastecido de forma legal.
IMPACTO EN EL BOLSILLO DEL CONSUMIDOR
La escasez ha disparado los precios en los tablones del Abasto. Actualmente, la caja de tomate nacional (lo poco que queda) se cotiza entre G. 190.000 y G. 200.000. Leguizamón aseguró que, si el Gobierno habilitara la importación legal desde países vecinos, donde hay sobreoferta, el precio caería drásticamente a G. 120.000 por caja, aliviando directamente el bolsillo del consumidor final.
Tras no ser recibidos por las autoridades del MAG y ser calificados como «patoteros» por el ministro, los comerciantes anunciaron que radicalizarán sus medidas de fuerza. «Vamos a retirarnos al mercado para reunirnos con los compañeros. No vamos a caer en el contrabando, queremos trabajar de forma legal, pero no nos quedaremos de brazos cruzados», enfatizó Leguizamón.
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