El procedimiento culminó con la detención de Jesús Damián Blanco Ortiz, la incautación de equipos y el retiro total del suministro eléctrico, tras comprobarse en flagrancia la sustracción de energía antes del medidor, mediante una derivación clandestina en una acometida trifásica.
El perjuicio económico para la ANDE fue estimado en Gs. 193.572.180, monto que, en la práctica, termina socializándose entre los usuarios formales vía pérdidas técnicas y no técnicas.
El allanamiento fue encabezado por la Unidad Fiscal Penal N.º 3 de Curuguaty, a cargo del fiscal Carlos Rodrigo Giandinotto, con apoyo del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional. Técnicos de la Agencia Regional Curuguaty de la ANDE confirmaron la ilegalidad de la conexión, mientras que la Gerencia Comercial ejecutó el corte definitivo y la notificación correspondiente.
La ANDE recordó que el robo de energía es un hecho punible, conforme a la Ley N.º 7300/24, que prevé penas de hasta 10 años de prisión. Sin embargo, el caso vuelve a abrir un debate incómodo: los operativos avanzan, pero el fenómeno persiste.
La criptominería clandestina sigue drenando recursos públicos, tensionando redes y afectando la calidad del servicio, mientras el usuario que paga a tiempo absorbe el costo.
Más allá del golpe puntual, el desafío es estructural: controles preventivos, sanciones efectivas y una política sostenida que evite que estos delitos se repitan con la misma facilidad con la que se descubren.