En representación del Ministerio del Interior, participó el viceministro de Seguridad Interna, Óscar Pereira, quien destacó la importancia de la articulación entre los poderes del Estado para fortalecer las políticas de protección a quienes, desde su labor profesional o social, contribuyen a la transparencia y al fortalecimiento democrático.
El proyecto propone la creación de mecanismos de prevención y respuesta ante amenazas, agresiones o situaciones de riesgo que puedan enfrentar periodistas y defensores de derechos humanos, así como la conformación de una instancia interinstitucional de coordinación encargada de monitorear casos y diseñar estrategias de seguridad.
El Ministerio del Interior, a través del Viceministerio de Seguridad Interna, ratificó su compromiso con la promoción de políticas públicas que garanticen la libertad de prensa, la integridad física y moral de los comunicadores, y la protección de quienes ejercen la defensa de los derechos humanos, pilares esenciales de toda sociedad democrática.
Asimismo, se resaltó la necesidad de que la futura normativa contemple la capacitación de las fuerzas del orden en materia de derechos humanos y libertad de expresión, y de establecer protocolos de actuación que prioricen la protección de las víctimas.
Desde el Ministerio del Interior estiman que el tratamiento de esta iniciativa legislativa representa un “avance significativo” en la consolidación de un Estado que respeta y protege la labor periodística y el activismo social, en un contexto regional donde la seguridad de estos sectores se ha convertido en una preocupación constante.
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