Reunidos en un formato distendido, con el espíritu de una charla entre amigos, los participantes —Joel Pintos, Benjamín Morínigo, Abel Villalba y Gabriel Coronel—, juntamente con el Dr. Víctor Pavón (conductor del programa) abordaron el tema con el propósito de analizar una de las medidas más discutidas del sistema laboral paraguayo, y que hasta ahora se mantiene variación, cual es la imposición legal de un salario mínimo por parte del Estado.
El consenso fue claro: el salario mínimo obligatorio es perjudicial tanto para empleadores como para quienes buscan insertarse en el mundo laboral, especialmente los jóvenes que todavía carecen de y formación técnica o profesional.
Al respecto, Joel Pintos señaló: “Si el empresario no puede pagar lo que impone el Estado, simplemente no contrata. Y eso genera desempleo. Es preferible ganar algo antes que estar desempleado”.
Por su parte, Benjamín Morínigo reforzó la crítica con una comparación: “El salario mínimo es el precio que el Estado le pone al trabajo, en detrimento del empleador. Es como si al productor de tomates se le obligara a vender a un precio fijo, independientemente del mercado: simplemente dejaría de producir”. A su juicio, el resultado es una “fuerte distorsión” en el mercado laboral, que afecta directamente la libertad de contratar.
A su turno, Abel Villalba compartió su experiencia como micro-emprendedor en el sector educativo, donde explicó que la rigidez legal del salario mínimo le impide ofrecer oportunidades laborales formales. “No solo hay que pagar el salario, también hay que asumir cargas sociales y aranceles. Eso ahoga a quien quiere generar trabajo”, alertó.
En la misma línea, Gabriel Coronel apuntó a la falta de flexibilidad como un obstáculo: “El Estado exige un monto sin considerar si la persona tiene experiencia o preparación. El empleador asume los costos de formación, pero no tiene margen para decidir cuánto pagar durante ese proceso”.
¿REDUCCIÓN DE JORNADA LABORAL?
El grupo también cuestionó otra propuesta en debate legislativo: la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, lo cual, en su opinión, podría agravar aún más la situación. “Las grandes empresas quizás puedan absorber ese costo, pero las pequeñas y medianas, que son mayoría en Paraguay, no. Esto podría forzarlas a reducir personal o volverse más informales”, alertaron.
Desde la mesa, se planteó que el trabajo debe surgir de acuerdos voluntarios entre empleador y empleado, sin la intervención coercitiva del Estado. “Quien se siente mal remunerado puede irse a otro empleo mejor pagado. Así funciona la competencia”, dijo el moderador del espacio, agregando que en países como Suiza —sin salario mínimo legal— se paga de acuerdo al valor real que aporta el trabajador.
Tanto el conductor del programa, como los participantes, hacen un llamado a reflexionar sobre la necesidad de flexibilizar el mercado laboral para fomentar la creación de empleos reales y sostenibles en el tiempo, especialmente en un país donde la informalidad todavía es demasiado alta, y donde miles de jóvenes buscan su primer empleo e ingreso en un sistema que, según ellos, está diseñado más para restringir que para liberar.
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