El proyecto fue impulsado por el diputado Ricardo González, busca preservar y proteger la biodiversidad en el Chaco, el mismo manifestó que con base a la ratificación de nuestro país a los tratados internacionales, es preciso crear una ley que establezca una pausa de las actividades ambientales en el Chaco.
Todo esto, según el proyectista, es ante la preocupación sobre la degradación ambiental, sumados a la deforestación y degradación de suelo del territorio chaqueño, son las causas de origen climático, como las sequías prolongadas y recurrentes y las inundaciones.
Asimismo, el diputado González refiere en el documento que “las causas principales de la degradación de la tierra son debidas a las acciones del hombre, la deforestación, el aumento de la presión del pastoreo, el uso extensivo de la tierra, la expansión de la agricultura con métodos no adecuados y la quema de pastizales».
En el Art. 3° del proyecto de ley se establece que a partir de la fecha de promulgación de la ley, por un periodo de 2 (dos) años, se prohíbe en la Región Occidental o Chaco, realizar actividades de transformación o conversión de superficies con cobertura de bosques.
Esto para superficies destinadas al aprovechamiento agropecuario en cualquiera de sus modalidades; o a superficies destinadas a asentamientos humanos; así como la producción, transporte y comercialización de madera, leña, carbón y cualquier subproducto forestal originado del desmonte no permitido.
Asimismo, en el apartado número 4, se dispone que por 2 años:
“Queda prohibida la emisión de permisos, licencias, autorizaciones y/o cualquier otra modalidad de documento jurídicamente válido, que ampare la transformación o conversión de superficies con cobertura de bosques nativos, a superficies destinadas al aprovechamiento agropecuario en cualquiera de sus modalidades; o a superficies destinadas a asentamientos humanos; así como la producción, transporte y comercialización de madera, leña, carbón y cualquier subproducto forestal originado del desmonte no permitido”.
La comisión asesora continuará con el estudio de la iniciativa y a tal efecto, según fuentes del órgano asesor, analizarán la factibilidad de solicitar informes a la Secretaría del Ambiente (SEAM) e Instituto Forestal Nacional (INFONA), de manera a conocer su parecer sobre el proyecto de Ley.