En una dura crítica al Ministerio Público, la Dra. Cecilia Pérez, representante legal de Arnoldo Wiens, afirmó a RCC Radio que la reciente imputación contra su defendido en el marco del fallido proyecto Metrobús carece de sustento jurídico y responde estrictamente a una «judicialización de la política». Según Pérez, la fiscalía ha entrado en un juego de tiempos e interpretaciones selectivas para favorecer a sectores vinculados al cartismo.
Pérez enfatizó que el laudo arbitral internacional —iniciado por la propia empresa Mota-Engil— ya determinó que la rescisión del contrato durante la administración de Wiens fue jurídicamente correcta debido a los incumplimientos de la contratista.
«Desde el momento en que el laudo dice que el contrato fue rescindido en forma por incumplimiento, ¿cuál es la viabilidad de continuar la obra?», cuestionó la abogada. Reveló que Mota-Engil ya no contaba con las pólizas de fiel cumplimiento porque ninguna aseguradora quería cubrirlos debido a sus retrasos y faltas. Además, recordó que cuando Wiens asumió el cargo en 2018, recibió una obra ya paralizada por decisión unilateral de la empresa.
UNA OBRA «QUE NACIÓ TORCIDA»
Para la defensa, el verdadero perjuicio patrimonial y social ocurrió durante la gestión de Ramón Jiménez Gaona. Pérez recordó que el proyecto Metrobús presentó fallas críticas desde su diseño, la falta de liberación de la franja de dominio y la carencia de permisos municipales.
«La responsabilidad de todo lo sucedido debe centrarse en la gestión de Jiménez Gaona. Decir que con él todo estaba bien y que el perjuicio nace con Wiens es una jugada política», sentenció. Denunció además que la fiscalía «vio la luz» repentinamente al allanarse al pedido de sobreseimiento provisional para Jiménez Gaona, mientras simultáneamente impulsaba la imputación contra Wiens.
EL TRASFONDO POLÍTICO Y LA REUNIÓN «SECRETA»
La abogada vinculó este proceso judicial con una supuesta reunión entre el presidente Santiago Peña, Horacio Cartes y ministros de la Corte Suprema, donde —según afirmó— se habría discutido la situación procesal de Wiens.
«Es una factura política. Se sienten amenazados por la actividad de nuestro equipo y le atacan a quien les hace sombra», afirmó Pérez. Aseguró que esta estrategia de persecución podría ser contraproducente para el oficialismo, citando como ejemplo el fracaso electoral del cartismo en Ciudad del Este tras situaciones similares de presión política.
ACCIONES LEGALES EN CURSO
Actualmente, la defensa aguarda la resolución de una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia respecto a la forma en que se manejó la reapertura de la causa. Pérez concluyó reiterando que el Metrobús, apodado por la ciudadanía como el «Metro-Robo», es un fracaso de planificación que destruyó comercios y patrimonios, responsabilidades que —a su criterio— la justicia está intentando tapar con esta nueva imputación.
JUEZ DEVUELVE IMPUTACIÓN POR CONSIDERARLA «DEFICIENTE»
El magistrado Osmar Legal resolvió otorgar trámite de oposición al requerimiento fiscal en el marco del caso Metrobús. La resolución señala una falta de coherencia entre los hechos relatados por los fiscales y los delitos de lesión de confianza y daño a obras imputados al exministro.
En un giro clave dentro de la causa del fallido proyecto Metrobús, el Juez Penal de Garantías, Osmar Legal, decidió frenar el avance del proceso contra el exministro Arnoldo Wiens. El magistrado devolvió la imputación presentada por los fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti, tras detectar fallas estructurales en la pieza acusatoria que impiden su admisión formal.
Inconsistencia técnica y fáctica
La resolución judicial es tajante al señalar que el Ministerio Público no logró establecer un nexo lógico entre la conducta descrita de Wiens y los tipos penales propuestos (lesión de confianza y daño a obras construidas). Según el juez Legal, el escrito presenta «deficiencias formales y de fondo» que vulneran la precisión necesaria para un proceso penal de esta envergadura.
“La falta de consistencia entre los hechos y los tipos penales propuestos hacen de dicho requerimiento una imputación deficiente”, reza parte del documento emitido por el juzgado.
El futuro de la causa
Con esta decisión, el magistrado ha otorgado el trámite de oposición, lo que obliga a la Fiscalía a revisar íntegramente su teoría del caso. El trámite vuelve ahora a la esfera del Ministerio Público, donde los agentes fiscales deberán decidir si reformulan el requerimiento, subsanando las omisiones señaladas por el juzgado, o si mantienen su postura original, lo cual podría elevar la discusión a una instancia superior (Fiscalía General).
Este revés judicial ocurre en un momento de alta sensibilidad política y pública, sumando un nuevo capítulo de incertidumbre a la investigación sobre el «Metrobús», una obra que dejó millonarias pérdidas patrimoniales y un profundo impacto social en los frentistas de la avenida Eusebio Ayala.














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