La iniciativa fue presentada por varios parlamentarios.
El legislador Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes), uno de los principales impulsores del documento, sacó a relucir el caso de Itakyry, en el departamento de Alto Paraná, donde un grupo de 100 indígenas, bajo el supuesto amparo de políticos, activistas y funcionarios, incluso, del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), invadieron varias propiedades privadas, pertenecientes a seis familias.
Señaló con preocupación que en la Cámara de Senadores se están estudiando proyectos que buscan despenalizar la invasión de predios e inmuebles, de modo a evitar desalojos, ante lo cual refirió que Diputados debe asumir el rol de principal defensor del derecho a la propiedad privada.
“La Cámara de Diputados es defensora del respeto a la propiedad privada y bajo ninguna circunstancia apoyamos la invasión de tierras, ni cedemos al chantaje de ciertos líderes invasores, por considerar que el atropello a la propiedad privada es, simplemente, un delito. Exigimos el respeto a los bienes ajenos”, dice, textualmente, parte del documento argumentado.
Si bien el proyecto tuvo acompañamiento de la mayoría de los parlamentarios, se dieron algunas sugerencias, de manera a enriquecer el contenido.
El diputado Pastor Vera Bejarano (PLRA-San Pedro), reclamó que estas medidas deben ser aprobadas a la par de políticas públicas que busquen el acceso a la tierra para el campesino paraguayo.
Luego de brindar datos porcentuales respecto a la ocupación de las tierras cultivables en Paraguay, destacó que “es importante el respeto a la propiedad privada, pero también hay que promover el acceso a la tierra, porque este es un tema central en nuestro país”.
Cabe indicar que el proyecto fue presentado por los diputados Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes); José Rodríguez (PLRA-Central); Édgar Ortiz (PLRA-Itapúa); Del Pilar Medina (ANR-Central); Sebastián García (PPQ-Capital); y Edwin Reimer (ANR-Boquerón).
Luego de un extenso debate, la normativa quedó aprobada, pero con la salvedad de que, a través de la Comisión de Estilo, se incluya algunas consideraciones al documento, especialmente, para aclarar que la solución al problema no solo pasa por un proyecto de declaración, sino primordialmente por una política pública de acceso a la tierra.
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