La unidad del sector justicia en Paraguay ha alcanzado un punto de ebullición. La presidenta del Sindicato de Funcionarios Judiciales, Porfiria Ocholasky, anunció este lunes la conformación de un frente común que aglutina, por primera vez en años, a los 15 gremios del sector: magistrados, fiscales, defensores públicos y los 13.000 funcionarios de la Corte Suprema de Justicia. Tras la asamblea programada para mañana martes, se ratificará un calendario de protestas que paralizará las actividades judiciales durante prácticamente un mes.
El argumento central del rechazo a la reforma se basa en la salud financiera de la Caja Judicial. Según Ocholasky, este sector no solo no es deficitario, sino que goza de un superávit de 320 millones de guaraníes. En este contexto, la dirigente calificó de «inexplicable» la intención del Gobierno de aumentar en un 3% el descuento para la jubilación.
«El derecho adquirido no se negocia, se respeta», sentenció la vocera, al tiempo de anunciar que solicitarán una reunión urgente con el Ministro de Economía y Finanzas, Carlos Valdovinos.
El objetivo es que el Ejecutivo rinda cuentas sobre el paradero de ese excedente que, por ley, debería estar generando intereses mediante inversiones. De no recibir respuestas satisfactorias sobre este «dinero inexistente en las cuentas, pero real en los papeles», los gremios presentarán una denuncia penal innominada ante la Fiscalía para que se investigue el faltante.
CALENDARIO DE MEDIDAS DE FUERZA: DEL CESE PARCIAL AL PARO TOTAL
Ante lo que consideran una amenaza a sus ahorros de décadas, los gremios han diseñado un cronograma de presión sistemática que iniciará el 18 de febrero y se extenderá hasta el 13 de marzo, con ceses de actividades de una hora (de 12:00 a 13:00 horas).
A medida que se acerque la fecha de tratamiento de la ley en el Congreso, prevista para el 25 de marzo, la intensidad aumentará sumando horas de paro diariamente hasta llegar a la inactividad total. Ese día, los 13.000 funcionarios y los altos operadores de justicia se concentrarán frente al Congreso Nacional para frenar la aprobación de la reforma.
EL «VACIAMIENTO» DE LA JUSTICIA Y LA FUGA DE CEREBROS
Uno de los puntos más graves expuestos por Ocholasky es el impacto estructural en el sistema. Debido al proyecto de ley, se ha producido una «estampida» de jubilaciones anticipadas. Actualmente, 200 magistrados experimentados ya se han retirado y otros 200 han iniciado el trámite para acogerse a la ley vigente y evitar los recortes de la nueva normativa.
«Nadie se percató de que este proyecto va a desequilibrar la administración de justicia por dos años. No se pueden llenar 400 vacancias de jueces, fiscales y defensores de la noche a la mañana», advirtió. Según sus cálculos, el Poder Judicial funcionará apenas al 50% de su capacidad, dejando a la ciudadanía y a los justiciables en una situación de total vulnerabilidad y retraso procesal.
Finalmente, la dirigente criticó que la reforma corta la «carrera judicial» al eliminar beneficios para los actuarios que ascienden a magistrados (el sistema de 2×1 por antigüedad). Ocholasky enfatizó que la jubilación no es un «regalo del Estado», sino el fruto de un aporte mensual del 16% que los trabajadores han sostenido sin aportes patronales históricos por parte del Estado.
Debido a la gravedad de lo que consideran un atropello a la transparencia, Ocholasky anunció que llevará este reclamo al plano internacional. El 25 de febrero, en su rol de presidenta de los judiciales de Latinoamérica, presentará la denuncia formal ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Asimismo, exigió que cualquier mesa de trabajo con el Parlamento sea de carácter público y no «a puertas cerradas», para garantizar la transparencia ante la ciudadanía.