El nuevo presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Jorge Luis Schreiner, solicitó a la Contraloría General de la República (CGR) una auditoría integral de la Dirección de Asesoría Jurídica de la banca matriz, con el propósito de someter a revisión las actuaciones de esa dependencia durante el presente año.
El pedido fue comunicado al contralor general, Camilo Benítez Aldana, durante una reunión en la que Schreiner manifestó la disposición del BCP para facilitar las tareas de fiscalización y permitir el acceso a la documentación institucional.
La iniciativa se produce en un momento de fuerte cuestionamiento a la capacidad de supervisión del sistema financiero, tras la crisis de Ueno Bank y las críticas dirigidas al Banco Central y a la Superintendencia de Bancos por la oportunidad y eficacia de sus intervenciones.
El caso también puso bajo la lupa las decisiones adoptadas por las autoridades regulatorias y la independencia técnica con la que actuaron, en un escenario en el que se plantearon dudas sobre posibles interferencias políticas en el manejo de la crisis.
Tras la solicitud, la Contraloría emitió la Resolución N.º 497/26, mediante la cual conformó el equipo responsable de realizar la auditoría. Elizabeth Benítez fue designada como fiscalizadora, acompañada por Leandro Villalba, Jorge Cáceres, Jacinto Galeano y Derlis Paredes.
La revisión comprenderá todas las actuaciones de la Dirección de Asesoría Jurídica del BCP correspondientes a 2026. Para ello, los auditores podrán realizar entrevistas, requerir informes y documentos, además de efectuar verificaciones en las instalaciones de la institución y en otras áreas vinculadas con los programas y proyectos examinados.
La resolución establece que los pedidos de información serán canalizados a través de la supervisora o del jefe del equipo auditor, sin impedir que los profesionales labren actas para obtener directamente determinados documentos e informes.
La auditoría representa una primera instancia de revisión externa sobre una dependencia clave del Banco Central. Sin embargo, su alcance será determinante para establecer si también permitirá esclarecer responsabilidades institucionales vinculadas con las actuaciones y decisiones adoptadas durante la crisis de Ueno Bank.