Cabe señalar que este martes se llevó a cabo una reunión entre la embajadora paraguaya en Argentina, Helena Felip, y el director general de Aduanas de Argentina, José Andrés Velis, a quien transmitió la preocupación del Gobierno paraguayo sobre la decisión argentina de suspender los transbordos de combustibles en el Km. 171 con destino a nuestro país.
De acuerdo a los datos de la Cancillería paraguaya, el encuentro dio seguimiento a los diálogos mantenidos entre ambos gobiernos en el marco de la reciente Cumbre del Mercosur, en Buenos Aires.
Durante la reunión la embajadora solicitó la extensión por 12 meses del plazo aduanero para continuar con las operaciones en la zona de alije, y la creación de una mesa de trabajo que incorpore a representantes de ambos gobiernos, así como del sector privado de los dos países, a efectos de abordar el tema de manera integral. Sin embargo, la autoridad aduanera del vecino determinó no más de 10 meses de alargue.
En ese contexto, no obstante, el director general de Aduanas de Argentina, José Andrés Velis, se mostró “abierto” para colaborar en la agilización de los procedimientos aduaneros, que contribuya a la facilitación del comercio entre Paraguay y Argentina.
También participaron de la reunión el subdirector general de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, Marcelo Sosa; el director de Coordinación de las Comisiones Binacionales Vinculadas a la Cuenca del Plata de la Cancillería argentina, Fernando Vallina, y miembros de la Embajada del Paraguay en Argentina.
IMPACTO NEGATIVO DE LA MEDIDA SOBRE LA LOGISTICA FLUVIAL
Cabe recordar que, según el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (CAFyM) de nuestro país, la decisión de suspender las operaciones de trasbordo de combustibles en el kilómetro 171 del río Paraná Guazú implicará un aumento de hasta el 70% en los costos logísticos relacionados al abastecimiento de combustibles, además de retrasos de más de ocho días en los tiempos de reposición.
Asimismo, ha alertado que la arbitraria e inconsulta decisión del Gobierno argentino podría traducirse en aumentos de precios al consumidor final y un riesgo real de desabastecimiento estructural de combustibles para el Paraguay, que es un país son costas marítimas, y que depende del paso por los territorios de sus países vecinos.