En una reciente conferencia de prensa, Félix Sosa, presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), anunció la promulgación de la ley 7.300, diseñada para proteger la integridad del sistema eléctrico de Paraguay. Esta nueva legislación, que modifica el artículo 173 del Código Penal, establece penas más severas para quienes se dediquen a la sustracción ilegal de energía eléctrica, con un enfoque especial en la criptominería.
La ley 7.300 introduce dos cambios significativos. Primero, la pena privativa de libertad por el robo de energía eléctrica se ha elevado de tres a diez años. Segundo, se establece la incautación de los bienes utilizados en estas actividades ilícitas, que serán administrados temporalmente por la ANDE. Esto permitirá que la institución se beneficie de la venta anticipada de estos bienes, mejorando así su situación financiera.
Desde 2020, Paraguay ha experimentado un aumento masivo en la actividad de criptominería, con muchas instalaciones operando de manera ilegal. Sosa destacó que la mayoría de estas operaciones provienen de China y, aunque se han implementado tarifas específicas para el consumo legal de energía, las conexiones irregulares han proliferado.
La ANDE ha denunciado 78 casos de conexiones ilegales, resultando en la incautación de más de 10,000 procesadores de datos y 52 transformadores. No obstante, la falta de penas adecuadas ha permitido que los responsables eviten la cárcel hasta ahora.
El presidente Sosa agradeció al Congreso por el tratamiento urgente de esta ley, subrayando la necesidad de proteger uno de los recursos más valiosos del país: su energía eléctrica. La ANDE espera que esta nueva legislación tenga un efecto disuasivo sobre las industrias que operan ilegalmente, contribuyendo así a la salud financiera de la institución y mejorando el servicio a los clientes.
Sosa concluyó su intervención subrayando que la ley no busca criminalizar la criptominería en sí, sino atacar las prácticas ilegales que perjudican al Estado paraguayo y a la ANDE.
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