Tras el encuentro, ambos ministros brindaron detalles sobre las prioridades establecidas por el Ejecutivo y las medidas que comenzarán a implementarse.
El ministro de Defensa, Óscar González, señaló que Alliana le encomendó dinamizar las instituciones militares y fortalecer la asistencia a los sectores más vulnerables. Como primera acción, anunció que el Comando Logístico se trasladará este lunes a la zona de Itá Corá para distribuir alimentos no perecederos y realizar un almuerzo solidario, con acompañamiento de la orquesta militar y en coordinación con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), gobernaciones y municipios.
En otro momento, González se refirió a las condiciones de reclusión del expresidente Santiago Peña, quien permanece detenido preventivamente en el Regimiento Escolta Presidencial (REP), por disposición judicial.
Aseguró que se cumple estrictamente la orden del juzgado y que el exmandatario está alojado en una habitación común destinada al personal militar, sin comodidades especiales ni privilegios. También adelantó que los protocolos de seguridad para expresidentes serán revisados por los mandos correspondientes.
JUSTICIA ANUNCIA INSPECCIONES SORPRESIVAS Y CONTROL PERMANENTE
Por su parte, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, anunció que la directriz presidencial apunta a establecer un seguimiento diario de los 19 establecimientos penitenciarios del país, con evaluaciones que deberán actualizarse cada 24 horas.
El secretario de Estado afirmó que se dejará atrás la gestión concentrada en oficinas y que las autoridades deberán tener presencia efectiva en las penitenciarías. Entre las medidas mencionó la suspensión de viajes al exterior y la realización de inspecciones sorpresivas para verificar las condiciones de funcionamiento y seguridad de los centros de reclusión.
Respecto a los exdirectivos de Ueno Bank que cumplen prisión preventiva, Nicora fue categórico al señalar que no recibirán ningún trato diferenciado respecto a los demás internos.
Incluso convocó a los medios de comunicación a ejercer un papel de contralores para garantizar que las disposiciones judiciales y penitenciarias se cumplan con igualdad de condiciones.
Finalmente, sobre un eventual traslado de Santiago Peña a una cárcel común, si así lo dispone la Justicia, el ministro aseguró que el sistema penitenciario está preparado técnicamente para recibir a cualquier persona privada de libertad, independientemente de su apellido, trayectoria o poder político.