La crisis de Ueno Bank amenaza con extender sus consecuencias más allá del sistema financiero y alcanzar directamente a miles de trabajadores y sus familias. Ante este escenario, el Gobierno de Pedro Alliana presentó al Congreso Nacional un proyecto de ley que busca evitar el cierre de empresas vinculadas al Grupo Vázquez y preservar las fuentes laborales que dependen de ellas.
La iniciativa establece un régimen excepcional de administración temporal para las sociedades relacionadas con la entidad financiera cuya resolución fue dispuesta por el Banco Central del Paraguay (BCP) el pasado 2 de noviembre.
El propósito es impedir que empresas que todavía cuentan con capacidad operativa y posibilidades de recuperación terminen quebrando por el efecto arrastre de la crisis bancaria.
Según los datos difundidos sobre el impacto laboral del caso, más de 5.000 trabajadores de empresas vinculadas al conglomerado se encuentran afectados por la incertidumbre sobre la continuidad de las actividades y sus contratos laborales.
UN CONSEJO DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN TEMPORAL
El proyecto crea el Consejo de Supervisión de Sociedades Vinculadas, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), que tendrá la responsabilidad de identificar las empresas comprendidas en el régimen, designar administradores temporales y supervisar sus operaciones.
El organismo estará integrado por representantes de la Presidencia de la República, los ministerios de Industria y Comercio, Economía y Finanzas, y Trabajo, Empleo y Seguridad Social, además del Banco Central del Paraguay. El representante del BCP tendrá voz, pero no voto.
El régimen tendrá una vigencia de ocho meses desde la promulgación de la ley.
Es importante aclarar que la propuesta no plantea que el Estado se convierta en propietario de las empresas ni que asuma sus deudas. Se trata de una administración temporal y supervisada, destinada a preservar los activos y mantener la actividad económica.
Tampoco alcanzará a todas las empresas que tuvieron alguna relación comercial con Ueno Bank. Quedarán excluidas aquellas cuya única vinculación con la entidad haya sido mediante créditos, depósitos, garantías o prestación de servicios en condiciones de mercado.
Asimismo, las empresas que ya estén intervenidas judicialmente o bajo administración de la SENABICO se regirán por sus respectivos procedimientos.
¿QUÉ PASARÁ CON LAS EMPRESAS Y SUS TRABAJADORES?
Uno de los aspectos centrales del proyecto es limitar la capacidad de los actuales directivos de disponer libremente de los bienes y recursos de las sociedades alcanzadas.
Se establecen restricciones para vender propiedades, constituir garantías, distribuir dividendos, transferir fondos fuera de las operaciones habituales o realizar pagos a accionistas y directivos cesantes sin las autorizaciones correspondientes.
Los administradores temporales tendrán facultades para mantener las actividades comerciales, cobrar créditos, cumplir obligaciones laborales y previsionales y representar a las empresas ante la Justicia.
La propuesta también contempla la posibilidad de vender empresas o unidades productivas mediante procedimientos competitivos y transparentes. Un aspecto relevante es que el Consejo podrá priorizar una oferta hasta un 10% inferior a la más alta si ofrece mejores condiciones para preservar la actividad productiva y los puestos de trabajo.
Los gastos de administración serán cubiertos por las propias sociedades y no representarán una erogación adicional del Presupuesto General de la Nación.
TAMBIÉN BUSCAN GARANTIZAR LAS LIQUIDACIONES LABORALES
En paralelo, trabajadores de empresas vinculadas al Grupo Vázquez presentaron ante la Comisión de Legislación del Senado un borrador de proyecto de ley para garantizar el cobro de salarios y liquidaciones pendientes.
Walter Paiva, vocero de los trabajadores de Itti, explicó que la propuesta apunta a proteger los derechos laborales de casi 6.000 personas afectadas por la resolución de Ueno Bank.
Por su parte, la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, manifestó que la cartera también impulsa una legislación para priorizar el pago de los beneficios laborales.
El Ministerio de Trabajo ya había emitido un dictamen que deja sin efecto la cláusula de exclusividad, permitiendo que los trabajadores afectados puedan buscar nuevas oportunidades laborales sin perder su derecho a reclamar las liquidaciones que les correspondan.
EL DESAFÍO DE EVITAR QUE LOS TRABAJADORES PAGUEN LAS CONSECUENCIAS
La crisis de Ueno Bank abrió un frente económico y social que ahora requiere respuestas más allá de la devolución de los depósitos bancarios. La continuidad de las empresas, la protección de sus activos y el cumplimiento de las obligaciones laborales representan otro componente fundamental de la recuperación.
El proyecto presentado por Alliana deberá ser estudiado y aprobado por el Congreso antes de convertirse en ley. Mientras tanto, miles de trabajadores esperan definiciones sobre su futuro laboral, sus salarios y las indemnizaciones que eventualmente les correspondan.
El objetivo del Gobierno es evitar que empresas económicamente viables desaparezcan por el efecto de la crisis financiera y que los trabajadores, que no necesariamente tienen responsabilidad en las decisiones empresariales investigadas, terminen siendo los principales perjudicados.














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