En diálogo con RCC Radio, el profesional enfatizó que la problemática actual responde a un doble factor estructural: la inoperancia de las instituciones estatales encargadas de velar por la seguridad de las víctimas y la falta de recursos económicos de las denunciantes.
Según Fernández, el procedimiento convencional —que inicia con la denuncia en la comisaría para su posterior remisión al Ministerio Público— resulta insuficiente y peligroso si la causa no cuenta con un impulso procesal constante.
«Presentar la denuncia en la comisaría o la fiscalía no garantiza que se busque de inmediato al agresor. El Ministerio Público tiene plazos amplios para investigar y, si no hay un abogado detrás que golpee puertas de manera permanente, la imputación no llega a tiempo, no se dictan medidas cautelares efectivas y la víctima queda desprotegida mientras el tipo sigue libre y amenazando», advirtió.
Asimismo, cuestionó la eficacia de las defensorías públicas, señalando que, a pesar de ser un servicio gratuito del Estado, la recarga laboral y el desinterés burocrático de muchos funcionarios hacen que los expedientes terminen congelados, dejando a las mujeres a merced de sus agresores.
ANÁLISIS SOCIAL, PREJUICIOS Y FALENCIAS DEL SISTEMA
Fernández expuso un análisis particular sobre la vulnerabilidad social de muchas de las afectadas, señalando que los agresores suelen operar con mayor saña cuando detectan que la mujer carece de un círculo de protección o respaldo familiar cercano.
De igual forma, lamentó que existan prejuicios que frenan las acciones legales cuando el denunciado ostenta cargos públicos, jerarquías policiales, militares o solvencia económica: «¿Qué importa el cargo o la jerarquía si cometió un delito? Ante la ley es un ciudadano igual a todos».
El profesional catalogó como ineficaces las simples órdenes de restricción de acercamiento, argumentando que no existe un personal policial asignado para custodiar a cada denunciante. En ese sentido, propuso la creación de un registro público y de alerta roja para agresores violentos, similar al Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), que aplique restricciones sociales e institucionales inmediatas para coaccionar el cumplimiento de las medidas y generar sanción social.
Finalmente, realizó una reflexión sobre la cultura machista arraigada en la sociedad paraguaya y la responsabilidad de los padres en la crianza de las futuras generaciones. Fernández concluyó haciendo un llamado a romper con la impunidad desde el acompañamiento legal directo en comisarías y juzgados, garantizando que el expediente no quede estancado y se logren imputaciones y prisiones preventivas cuando corresponda.