Según una información publicada en “Diario Cristiano Internacional”, esta medida, que afecta con especial saña a las diócesis de Jinotega, Siuna, Matagalpa y Estelí, no es solo un trámite administrativo; es un intento de “asfixia generacional”.
Al impedir que los jóvenes que han dedicado años al estudio teológico reciban el sacramento del orden, el Estado nicaragüense busca que las parroquias mueran por falta de relevo, convirtiendo los templos en museos de una fe que el sandinismo pretende heredar por la fuerza.
La persecución ha borrado las fronteras denominacionales. Si bien el catolicismo sufre la prohibición de sus ritos, el mundo evangélico enfrenta una desarticulación administrativa sin precedentes.
Con más de 1.500 organizaciones religiosas canceladas por el Ministerio del Interior, el paisaje espiritual del país está siendo confiscado. Biblias retenidas en las fronteras y radios cristianas silenciadas son los ecos de una narrativa oficial que solo permite un culto: el del partido.
Para la investigadora Martha Patricia Molina, este escenario ha dejado de ser una serie de incidentes aislados para convertirse en una política de Estado que busca erradicar cualquier influencia moral que no emane de El Carmen. “La Iglesia está crucificada”, señalan voces desde el exilio, “pero su resistencia es el único oasis que le queda a un pueblo amordazado”.