En un discurso transmitido, Yoon justificó la declaración de emergencia como una respuesta a lo que describió como un «complot de fuerzas antiestatales» dentro del Partido Democrático, principal agrupación opositora del país. El presidente aseguró que esta facción política ha estado alentando la rebelión y socavando la democracia al bloquear las iniciativas del gobierno y promover el desorden.
Medidas drásticas y consecuencias inmediatas
La ley marcial impuesta otorga al gobierno y a las fuerzas militares poderes excepcionales, lo que incluye la capacidad de arrestar a ciudadanos sin necesidad de una orden judicial. Además, el control de los medios de comunicación ha sido centralizado bajo el mando gubernamental, y todas las actividades políticas y manifestaciones públicas han sido suspendidas temporalmente.
A lo largo de la jornada, se han reportado bloqueos militares en diversas partes de Seúl, incluida la sede del Parlamento, mientras que las principales calles de la ciudad han quedado vacías, con presencia de maquinaria pesada desplegada en áreas clave.
En su discurso, Yoon afirmó que, aunque la ley marcial podría causar inconvenientes a los ciudadanos, esta medida era imprescindible para preservar las libertades y la seguridad nacional. «Vamos a erradicar a las fuerzas antiestatales y restaurar la normalidad lo más rápido posible», prometió, asegurando que el impacto de la medida sería temporal.
Reacciones políticas y críticas internacionales
La decisión de Yoon ha provocado una fuerte reacción de la oposición y de varios sectores de la sociedad civil. El presidente de la Asamblea Nacional, Woo Won-sik, calificó la ley marcial como «totalmente inválida» y exigió su revocación inmediata. En una declaración pública, Woo señaló que la ley marcial «no tiene fundamento legal» y acusó al presidente de utilizarla como una táctica para silenciar la disidencia política.
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