Ambas organizaciones, de inspiración cristiana, presentaron una declaración conjunta ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde respaldaron el informe del relator y alertaron sobre el aumento de la explotación sexual, el reclutamiento forzoso en conflictos armados y las peores formas de trabajo infantil, especialmente en países en desarrollo. “Todo niño tiene un valor inherente y debe ser protegido de la explotación laboral y sexual”, expresó Markus Hofer, responsable de comunicación e incidencia política de la WEA ante la ONU, en nombre de ambas instituciones.
La declaración conjunta subraya la urgencia de garantizar el acceso universal a la educación, la formación profesional y el apoyo económico a las familias, de modo que los padres no se vean obligados a enviar a sus hijos a trabajar. También insta a fortalecer los sistemas de protección infantil y a combatir la pobreza estructural que alimenta la explotación.
El relator Tomoya Obokata, en su informe presentado en julio para la sesión de septiembre del Consejo, advirtió que las peores formas de trabajo infantil —como la minería, la agricultura intensiva y la construcción— afectan a millones de menores, la mayoría de ellos menores de 15 años, que trabajan en condiciones precarias y expuestos a sustancias tóxicas.
La situación en África subsahariana fue destacada como una de las más críticas: allí, uno de cada cuatro niños —unos 86,6 millones— se ve obligado a trabajar. En Tanzania, por ejemplo, 4,2 millones de menores están involucrados en tareas de alto riesgo, como la minería artesanal y la pesca, donde incluso se ha documentado la explotación sexual de niños y adolescentes.
Las organizaciones cristianas resaltaron el papel fundamental de las iglesias y comunidades locales en la lucha contra el trabajo infantil. “Las redes comunitarias, incluidas las iglesias, pueden movilizarse para prevenir la explotación y ayudar a las familias a mantener a los niños en la escuela. Los propios niños deben ser escuchados e incluidos en las soluciones que les afectan”, sostiene el documento.
Asimismo, la declaración enfatiza la necesidad de aplicar el principio de no penalización, garantizando que las menores víctimas de trata o explotación no sean castigados por delitos cometidos bajo coacción. Sin embargo, advierte que su eficacia depende de contar con mecanismos sólidos de identificación y reparación sensibles a la infancia, sin los cuales “los niños permanecen invisibles y desprotegidos”.
El informe del relator también denuncia el crecimiento alarmante de la explotación sexual infantil, impulsada por el uso de tecnologías digitales. Según estimaciones, 302 millones de menores fueron víctimas de abuso sexual en línea en 2024, incluyendo casos de sextorsión y creación de imágenes falsas (“deepfakes”).
A nivel global, el trabajo infantil sigue arraigado en factores como la pobreza, la desigualdad, la informalidad laboral, la falta de acceso a educación gratuita y la discriminación estructural. Obokata subraya que, sin atacar estas causas profundas, la erradicación de la esclavitud infantil será imposible.