Bogotá llora la pérdida de una voz emergente en la política colombiana: Miguel Uribe Turbay falleció este lunes, tras permanecer más de dos meses en la Fundación Santa Fe en estado crítico. El atentado, del que nunca se recuperó, ocurrió el pasado 7 de junio durante un mitin en el barrio Modelia, y lo dejó gravemente herido.
Uribe, de 39 años, fue sometido a varios procedimientos neuroquirúrgicos para detener un sangrado intracerebral agudo. Su estado se mantuvo crítico debido al edema cerebral persistente y ha sido objeto de intensos esfuerzos de rehabilitación que, lamentablemente, no dieron resultado.
El atacante fue identificado como un menor de 15 años, ya detenido. La Fiscalía también ha señalado posibles vínculos con redes criminales —incluyendo la detención de alias «El Costeño»— responsables del atentado.
La muerte de Uribe Turbay ha encendido la alarma en el país. Con su pérdida, Colombia revive fantasmas de la violencia política pasada, sin duda uno de los momentos más simbólicos en la senda hacia las elecciones de 2026. Más de 70.000 personas se volcaron en movilizaciones simbólicas de rechazo al ataque, exigiendo que ese tipo de hechos no se repitan.
Miguel Uribe Turbay era senador por el partido Centro Democrático y había sido el candidato más votado en 2022. Se destacaba por su juventud, formación académica —con estudios en la Universidad de los Andes y Harvard— y por su postura crítica frente al gobierno de Gustavo Petro.
El senador provenía de una familia de fuerte legado político y mediático. Era hijo de la periodista Diana Turbay, secuestrada y asesinada en 1991 por el Cartel de Medellín, y nieto del expresidente liberal Julio César Turbay Ayala. Su muerte remueve de nuevo ese doloroso pasado que marcó su historia personal y ha conectado con el sentir del país.
Uribe Turbay deja un vacío en la clase política, donde se perfilaba como una figura generacional clave para el futuro de la derecha colombiana. Además, su fallecimiento abre incógnitas sobre el rumbo que tomará la contienda presidencial y pone en evidencia los desafíos que enfrenta el país en materia de seguridad democrática.
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