La Guardia Civil, la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera de España liberaron a 162 mujeres sudamericanas que eran explotadas sexualmente por una organización criminal que operaba en distintas provincias, principalmente en Valencia, Málaga, Murcia, Castellón y Alicante. En el marco del operativo fueron detenidas 37 personas, de las cuales nueve ya se encuentran en prisión provisional.
Según informaron las autoridades, la red captaba a mujeres en situación de vulnerabilidad, muchas de ellas sin papeles, para explotarlas en inmuebles convertidos en prostíbulos disfrazados de locales de masajes. Dormían hacinadas, muchas veces en la misma cama donde atendían a los clientes, y solo podían salir dos horas al día. Además, estaban bajo permanente vigilancia mediante cámaras instaladas en el interior de los locales.
Los lugares carecían de ventilación adecuada y presentaban condiciones de habitabilidad deplorables. Cada inmueble contaba con encargadas que controlaban a las mujeres, cobraban a los clientes, proveían drogas a quienes las solicitaban y atendían las líneas telefónicas de contacto que la organización publicaba en sitios de prostitución.
La mitad del dinero de cada servicio era para la organización. Las mujeres, además, podían ser sancionadas con “multas” arbitrarias. La red tenía un funcionamiento altamente estructurado: los líderes, con vínculos familiares entre sí, eran propietarios o arrendatarios de los locales; un segundo grupo se encargaba de coordinar las operaciones y el manejo financiero; y el tercer nivel lo conformaban encargadas, choferes, reformistas y distribuidores de drogas.
El operativo se inició tras la denuncia de tres víctimas. Las investigaciones revelaron que el grupo no solo estaba consolidado en la Comunidad Valenciana, sino que también se encontraba en plena expansión hacia Cataluña, Murcia y Andalucía.
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