La Policía Federal emitió un comunicado en el que señaló que actuó en cumplimiento de una decisión del Supremo Tribunal Federal, sin mencionar directamente al exmandatario. Bolsonaro había sido condenado en septiembre a 27 años de cárcel por conspirar para impedir la asunción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022.
Desde agosto, el líder de la derecha brasileña cumplía prisión domiciliaria preventiva por incumplimiento de medidas cautelares, monitoreado electrónicamente en su residencia ubicada en un condominio de lujo en Brasilia.
La situación judicial del exmandatario se volvió más compleja luego de que, a mediados de noviembre, la Corte Suprema rechazara por unanimidad un recurso contra la sentencia, ratificando que la pena debía cumplirse en régimen cerrado. Sin embargo, la defensa insiste en que Bolsonaro debería permanecer en su vivienda debido a su frágil estado de salud.
Los abogados alegan que el exmandatario enfrenta secuelas permanentes del atentado con arma blanca que sufrió en 2018 durante la campaña presidencial, lo que lo ha llevado a someterse a múltiples cirugías. Entre los problemas señalados figuran reflujo severo e hipo incontrolable que le provocan falta de aire y episodios de desmayo. Además, mencionan un diagnóstico reciente de cáncer de piel, cuyas lesiones ya fueron removidas.
Como antecedente, la defensa citó el caso del expresidente Fernando Collor de Mello, quien obtuvo prisión domiciliaria en mayo pasado por razones médicas. El equipo legal de Bolsonaro anunció que presentará nuevos recursos en busca de revertir la condena.