Según un informe del Departamento de Estado, dado a conocer este martes, el presidente Donald J. Trump declaró el estado de emergencia nacional para impedir cualquier tipo de embargo, sentencia, gravamen o proceso judicial contra los denominados Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros, donde se encuentran los ingresos derivados de la venta de petróleo y disolventes venezolanos.
La orden ejecutiva bloquea toda transferencia o transacción relacionada con esos fondos, salvo autorización expresa, y deja sin efecto cualquier disposición previa que permitiera su regulación o posible incautación. El documento subraya que dichos recursos constituyen propiedad soberana de Venezuela, mantenida bajo custodia de Estados Unidos exclusivamente con fines gubernamentales y diplomáticos, y por tanto no están sujetos a reclamaciones privadas.
Desde Washington se argumenta que permitir el embargo de estos recursos pondría en riesgo los intereses estratégicos de Estados Unidos, especialmente en lo relativo a la estabilidad económica y política de Venezuela y del hemisferio occidental.
El Departamento de Estado sostiene que la pérdida de control sobre estos ingresos podría beneficiar a actores considerados hostiles, como Irán y el grupo Hezbolá, además de debilitar los esfuerzos para frenar la migración irregular y el tráfico de narcóticos, fenómenos que —según el informe— han tenido un impacto directo en la seguridad interna estadounidense.
ESTRATEGIA DE “ESTADOS UNIDOS PRIMERO”
La medida se inscribe dentro de la política de “America First”, con la que la administración Trump busca reforzar la seguridad hemisférica y confrontar al régimen de Nicolás Maduro y a sus aliados.
Entre las acciones destacadas figuran la designación de carteles, incluido el Tren de Aragua, como organizaciones terroristas, la autorización del uso de fuerza letal contra el narcotráfico, el bloqueo total de petroleros sancionados que operan con Venezuela y operaciones militares de apoyo a las fuerzas del orden.
El Gobierno estadounidense afirma que proteger los ingresos petroleros venezolanos bajo su custodia es clave para mantener la disuasión regional, contrarrestar la influencia extranjera considerada maligna y promover una eventual estabilidad en Venezuela, siempre alineada con los intereses de seguridad y política exterior de Estados Unidos.
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