Ayer, el gobierno de Javier Milei anunció una serie de modificaciones en el régimen migratorio que afectarían a los extranjeros no residentes en Argentina, quienes deberán pagar por servicios de salud y educación pública. El vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que se pretende que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a estudiantes extranjeros no residentes y que los hospitales públicos suspendan la gratuidad para ellos.
Aunque en Argentina la atención médica y la educación hasta el nivel de grado son gratuitas, algunas provincias, como Mendoza, Jujuy, Salta y Santa Cruz, ya han comenzado a aplicar estas medidas. Sin embargo, Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, criticó estas políticas por fomentar el odio y aseguró que mantendrán la gratuidad en su distrito.
Muchos paraguayos son atendidos en Argentina, especialmente en situaciones de complejidad en la atención médica, a través del sistema público gratuito de Argentina hasta la fecha. Esto traerá una serie de consecuencias en la atención médica en nuestro país, donde muchas veces, no se dispone de la mejor tecnología, medicamentos, tratamientos e incluso terapias apropiadas.
Desde el ámbito académico, Guillermo Durán, decano de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, calificó la propuesta como “un absurdo total”, ya que los estudiantes extranjeros deben tener residencia para inscribirse, otorgándoles los mismos derechos que a los ciudadanos argentinos. Además, el abogado constitucionalista Félix Lonigro recordó que la ley de educación superior garantiza la gratuidad de la educación pública universitaria, por lo que cualquier cambio requiere aprobación parlamentaria.
Según la Secretaría de Educación, en 2022 había 122.769 extranjeros estudiando en universidades argentinas, representando el 4,1% del total de estudiantes.
Adorni también anunció que se endurecerán las políticas migratorias al incorporar nuevos delitos como causa de expulsión. Los inmigrantes que cometan delitos flagrantes o atenten contra el sistema democrático serán deportados y se les prohibirá reingresar al país.