Cuestionan actuación de vicepresidenta de la CIDH y plantean presunto conflicto de intereses

La directora de Investigación de “Global Center for Human Rights”, Maria Anne Quiroga, publicó un artículo en el que sostiene que la vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Andrea Pochak, enfrenta cuestionamientos por un supuesto conflicto de intereses relacionado con su intervención en un caso contra el Estado argentino.

Cuestionan actuación de vicepresidenta de la CIDH y plantean presunto conflicto de intereses

Según la autora, una denuncia presentada ante la Justicia argentina solicita investigar a Pochak por presuntos hechos de corrupción administrativa, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, prevaricato, negociaciones incompatibles y administración fraudulenta. La presentación judicial se produjo días después de que el politólogo Agustín Laje afirmara en un video que saldrían a la luz hechos que consideró de extrema gravedad.

Quiroga señala que las observaciones surgieron durante una audiencia de la CIDH realizada el 12 de marzo sobre el caso Catella contra el Estado argentino. De acuerdo con la publicación, representantes del Estado habrían advertido que una funcionaria que anteriormente participó en la presentación de la denuncia contra Argentina, desde una organización no gubernamental, posteriormente tuvo responsabilidades en la defensa estatal del mismo expediente.

La autora sostiene que esta situación configuraría un presunto conflicto de intereses, ya que Pochak se desempeñó anteriormente como Directora Ejecutiva Adjunta del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organización que impulsó la petición ante la CIDH, y más tarde ocupó funciones en la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina.

Asimismo, Quiroga afirma que la denuncia también involucra a otros exfuncionarios y plantea interrogantes sobre la actuación de determinadas organizaciones de derechos humanos en casos de alta repercusión pública, entre ellos los relacionados con Santiago Maldonado, Milagro Sala y la denominada “Virgen Abortera”.

En su análisis, la autora cuestiona la respuesta institucional de la CIDH y sostiene que el organismo debe aplicar a sus propios integrantes los mismos estándares de transparencia, imparcialidad y prevención de conflictos de intereses que exige a los Estados miembros.

Finalmente, Quiroga recuerda que el reglamento de la CIDH establece que los comisionados deben ser personas de alta autoridad moral y concluye que la credibilidad del sistema interamericano depende de la observancia de esos principios por parte de quienes integran la institución.

 

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