Por cinco votos a cuatro, la corte consideró válida la última versión del decreto, que afecta el ingreso de ciudadanos de cinco países mayoritariamente musulmanes (Irán, Libia, Somalia, Siria y Yemen), así como de Corea del Norte, y también de algunos funcionarios específicos de Venezuela.
El gobierno de Trump consideró el decreto una medida necesaria ante las preocupaciones por la seguridad nacional.
“En resumen, el lenguaje… es claro y el decreto no excede ningún límite de la autoridad del presidente”, escribió el juez John Roberts.
La versión aprobada del decreto aplica a unas 150 millones de personas, habitantes de los seis países, y es considerado “anti-musulmán” por sus opositores.